Castilla y León

El TSJCyL rechaza el cierre de las residencias a las visitas

Asegura que se produce un confinamiento de los mayores y eso hay que regularlo por otra ley

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL ha rechazado este viernes la medida contenida en el acuerdo de la Junta de Castilla y León relativa a la suspensión de las visitas en los centros residenciales de personas mayores desde el día 6 de noviembre a las 00:00 horas.

 La Sala no ratifica el acuerdo porque entiende que el marco normativo para adoptar este tipo de restricción de derechos fundamentales debe ser la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio en lugar de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. 

El Tribunal cree que “la medida adoptaba en el acuerdo de la Junta rebasa el presupuesto habilitante de la Ley de medidas especiales de salud pública, tanto por la extraordinaria situación de crisis sanitaria mundial existente, persistiendo en el tiempo, como por la intensidad de la afectación de los derechos fundamentales concernidos, produciéndose de facto un confinamiento domiciliario de un sector de la población en todo el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, de forma indiferenciada, sin distinción de centros residenciales afectados o no por la enfermedad de que se trata, a diferencia de lo realizado en las medidas anteriores, entre municipios más o menos afectados por la enfermedad transmisible, lo que exige una ley que la posibilite con las garantías y exigencias de la doctrina constitucional sobre esta materia”. 

“No parece justificado que para la limitación de la libertad de circulación en horario nocturno sea precisa la declaración del estado de alarma, al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, pero no sea necesaria para limitar la libertad de circulación todo el día, aunque solo afecte a un determinado sector de la población de toda una Comunidad Autónoma. Las personas mayores, que viven en centros residenciales, son ciudadanos como los demás con los mismos derechos y cuya especial vulnerabilidad frente a la enfermedad transmisible de que se trata merece la adopción de cuantas medidas de toda índole sean precisas para hacer efectiva su protección, no necesariamente mediante una restricción mayor que el resto de los ciudadanos de sus derechos fundamentales”, argumenta la Sala.


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