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Castilla y León

Reserva del puesto durante tres años por cuidado de hijo

La nueva Ley de la Función Pública de CyL comienza su tramitación

 

La nueva ley de la Función Pública de Castilla y León fomentará la igualdad de oportunidades en particular de las empleadas públicas, con la reserva del puesto durante tres años por cuidado de hijo.

Ical.- Asimismo, definirá los puestos de libre designación para evitar la discrecionalidad, todo con el objetivo último de contar con unos servicios públicos modernos y un empleo actualizado a la realidad social.

Así lo explicó el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en la presentación del anteproyecto de Ley de Función Pública de Castilla y León, colgado en el Portal del Gobierno Abierto y que se abre ahora a unos trámites y negociación con los afectados para su remisión a las Cortes en el periodo de sesiones entre septiembre y diciembre.

Ibáñez defendió la conveniencia de aprobar una nueva ley, ya que la actual que data de 2005 ha tenido una serie de modificaciones, para la adaptación de la Comunidad a la ley básica del Estatuto del Empleado Público de 2015, que habilita a las comunidades a contar con una norma propia que desarrolle su peculiaridades.

“Ni se restringen derechos, ni se establecen nuevas obligaciones para los empleados públicos”, resumió el consejero, que destacó la necesidad de dar una mayor seguridad jurídica a los empleados públicos, así como avanzar en la modernización de los recursos humanos, agilizar los procesos que derivan de ellos, rebajar el régimen de intervención establecer medidas transitorias que garanticen los derechos y obligaciones por los destinatarios.

Como novedades, se centró en la igualdad de oportunidades de las empleadas públicas en el acceso y control incluidos los puestos de responsabilidad o directivos y en la conciliación con independencia del sexo que se acoja a la medida. Así, destacó la reserva durante tres años del puesto por cuidado de hijos y la rebaja de dos a un año en excedencia voluntaria para facilitar la reincorporación.

Igualmente, se regulará la movilidad por violencia de género, acoso laboral, salud o inter administrativa; el reconocimiento en el acceso al empleo público de las personas con discapacidad; la regulación de materias de la administración local; la regulación actualizada de la carrera profesional; la regulación del teletrabajo; la definición de puestos de trabajo de libre designación o el análisis de los puestos para adaptarlos a la demanda.

Sobre los puestos de libre designación, la directora general de la Función Pública, Paloma Rivera, precisó que en términos generales se trata “acotar” su acceso a los niveles más altos de la administración, entre el 30 y 27, para su cobertura. Ibáñez se refirió a una reducción importante de los mismos ya que la norma definirá cuáles serán para evitar la discrecionalidad.

El consejero subrayó que el anteproyecto refleja la voluntad de la Junta en cumplimiento de su programa y añadió que está abierto a la incorporación de sugerencias o propuestas de la sociedad, al estar durante tres semanas en el Gobierno Abierto, de la Federación Regional de Municipios y Provincias y universidades, a las que se dará trámite de consulta, y a la negociación con las organizaciones sindicales para buscar el consenso.

Una vez cumplimentados esos trámites, así como su paso por los Servicios Jurídicos y los dictámenes preceptivos de las instituciones propias, el anteproyecto se aprobará en el Consejo de Gobierno y se remitirá a las Cortes, lo que prevé entre septiembre y diciembre.

Respecto de la temporalidad, el consejero y la directora general explicaron que se trata de una regulación de ámbito nacional, si bien Ibáñez realizó un llamamiento al Gobierno para que se agilice, ya que la voluntad de la Junta es su aplicación en cuanto exista un marco global.

Por último, reseñó que no se trata de un trabajo aislado este anteproyecto, ya que se han tomado otras medidas durante la legislatura como la actualización del empleo público y de las funciones de la Escuela de la Administración Pública, la próxima actualización por ley de los cuerpos y escalas conforme a las titulaciones universitarias, la negociación del convenio colectivo, la promoción de las competencias digitales o el decreto de teletrabajo.

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