El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que supone avance en la protección integral de las mujeres, en su derecho a la libertad sexual y en la erradicación de todas las violencias sexuales.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, destacado que la futura ley se enmarca en el compromiso del Ejecutivo de coalición, feminista y progresista, con la ampliación de los derechos, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la adecuación del marco legal a las realidades y demandas sociales y a los estándares internacionales. Además, sitúa a España a la vanguardia en la protección de las mujeres, los niños y las niñas.
El texto, ha subrayado Montero, pone el foco en el consentimiento de la mujer como aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad sexual. De esto modo, se cumple con el Convenio de Estambul, sobre la máxima de que «solo sí es sí», dejando claro que el silencio o la pasividad no significan consentimiento, o que no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar en contra de la voluntad de la víctima.
«Tenemos que transformar la cultura sexual poniendo ese consentimiento en el centro de nuestra mirada y la cuestión que queremos transmitir desde el Gobierno es muy clara: si tú no quieres no tienes que participar en ningún acto sexual», ha dicho la ministra.
Montero ha explicado que la norma distingue entre «abuso» y «agresión sexual». A partir de ahora «toda conducta sexual realizada sin consentimiento será considerada agresión sexual«. El delito de violación ya no solo se reservará, por tanto, a los casos en los que concurre violencia o intimidación. La ministra también ha avanzado que las penas previstas en la actualidad para estos delitos se mantendrán, salvo en el caso de que la violación se realice en grupo, que tendrá penas superiores.
La portavoz ha incidido en que es una ley integral, en cuya elaboración han participado los ministerios de Igualdad, Justicia, Interior, Política Territorial y Función Pública, y Derechos Sociales y Agenda 2030. La norma regula desde la investigación, la educación, la formación y la prevención hasta la atención a las víctimas, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el acceso a la justicia y el derecho de reparación.
María Jesús Montero ha expresado su confianza en que el texto de esta ley «pionera y necesaria» sea aprobado en las Cortes con un amplio consenso y por mayoría absoluta.
