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Castilla y León

La Junta ofrecerá tratamiento mental a las mujeres que quieran abortar

  • También les harán ecografías 4D para “ver en un vídeo, en tiempo real, la cabeza, las manos, los pies y los dedos de su hijo antes de tomar cualquier decisión»
  • Igea advierte de que “menoscabar” el derecho al aborto está tipificado por el Código Penal y Tudanca ve un intento de coaccionar a la mujer

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunció este jueves cuatro medidas en el ámbito sanitario y asistencial para fomentar la natalidad en la Comunidad, que incluyen el acceso “preferente” a atención psicológica para las mujeres embarazadas frente a pacientes con “otras circunstancias”, desde la perspectiva de que, para el Gobierno de la Comunidad, “el derecho a la vida es prioritario”.

Así lo señaló García-Gallardo durante su participación en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno donde, en declaraciones recogidas por Ical, especificó que el principal cambio en materia de atención psicosocial con respecto a lo que ya se ofrece es que la atención será “preferente” y que los profesionales sanitarios estarán “obligados” a ofertar este servicio a las mujeres embarazadas que acudan a la primera consulta, aunque luego estas puedan declinar su uso.

El objetivo que se plantea la Junta con esta medida es que ante un embarazo, que el vicepresidente de la Junta definió como “una situación difícil para la mujer”, esta tenga “todo el apoyo necesario para afrontarlo en las mejores circunstancias, resolver dudas y que se sienta acompañada”.

“Se trata de que todas las mujeres que acudan por primera vez a una consulta en situación de embarazo tengan posibilidades para que puedan tomar, lo más informadas posible, cualquier decisión: la de seguir o la tragedia a nivel social, por la huella que deja a las mujeres, de abortar”, apuntó.

Esta medida “provida”, junto al derecho a tener ecografías 4D para “ver en un vídeo, en tiempo real, la cabeza, las manos, los pies y los dedos de su hijo”, y a solicitar su inclusión en un nuevo protocolo de control de latido fetal entre las seis y las nueve semanas para que los padres “escuchen el latido de su bebé antes de tomar cualquier decisión”, se realiza con el objetivo de “favorecer la natalidad” para tratar de que “todos los padres y madres que quieran, puedan continuar con el embarazo”.

Y es que, para el vicepresidente de la Junta, los más de 2.500 abortos practicados en Castilla y León en 2021 suponen “un dato escalofriante” frente al que, desde la Junta, se pondrán en marcha estas medidas con el objetivo de “salvar vidas”. No obstante, para García-Gallardo “todos los sinsabores de formar parte de un Gobierno quedarían satisfechos sin con estas medidas salvásemos una sola vida”.

El coste económico de la puesta en marcha de estas políticas dependerán, según informó por su parte el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, de “la utilización del servicio”, siendo a día de hoy su uso “difícil de cuantificar”, si bien “lo importante es dar el servicio adecuado más allá del coste”, por lo que aseguró que, para su ejecución, se “reforzarán los servicios sanitarios”.

Ecografía 4D y protocolo de latido

Además de la atención psicosocial, García-Gallardo también destacó la posibilidad que se le ofrece a las mujeres embarazadas de tener ecografías 4D “complementarias” a las ya existentes a las 12, 20 y 33 semanas de gestación, y la de acogerse al nuevo protocolo de control de latido fetal entre las seis y nueve semanas de embarazo.

La segunda de las técnicas “se puede practicar en todos los hospitales” mientras que las ecografías 4D reconoció el vicepresidente que “se tiene en la mayoría de ellos” aunque “en algunos no”, pero sobre las vías para la derivación para quien lo solicite en hospitales donde no se tenga este servicio no pudo pronunciarse al no contar con información sobre “cuestiones logísticas” de las que puede “informar el consejero”.

“Pero la idea es garantizar que las madres que quieran el servicio, puedan tenerlo de la mejor manera posible”, continuó explicando, reconociendo que la idea es poner las medidas en marcha “inmediatamente” con el ofrecimiento de las mismas “de manera obligatoria” por parte del profesional sanitario, mientras que a los padres y madres “no se les va a obligar a escuchar el latido del bebé” dado que “es voluntario” participar de estos programas.

Programas que, además, también sirven, como recordó García-Gallardo, para “detectar patologías” en los bebés, al poderse ver la frecuencia cardiaca y datos con los que se detectan enfermedades como la hipertensión o la diabetes, por lo que defendió también la aportación de las medidas desde el punto de vista sanitario porque “si conseguimos que más niños nazcan, habrá mucho que celebrar”.

Los profesionales sanitarios, a su vez, podrán seguirse acogiendo al “derecho fundamental de la objeción de conciencia”, una cuarta medida que, aunque ya en marcha, García-Gallardo defendió que se reforzará frente a las “últimas reformas a nivel nacional que iban en sentido contrario”. Y es que, según García Gallardo, “en Castilla y León no va a haber listas negras de objetores de conciencia mientras gobernemos nosotros”.

Igea advierte a la Junta

Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, advirtió a la Junta de que “menoscabar” el derecho al aborto está tipificado por el Código Penal ante el “supuesto nuevo” protocolo de atención a las mujeres embarazadas anunciado este jueves para disminuir el número de interrupciones del embarazo. “Ya está bien de este disparate que estamos viviendo en esta Comunidad”, dijo.

En un comunicado, Cs recordó que según indicó el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, se procederá a “la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre». También incluyó las e ecografías 4D durante el primer trimestre, con el fin de enseñar a la madre los rasgos del feto en ese momento de desarrollo.

Francisco Igea registró una batería de preguntas parlamentarias ante un “nuevo episodio sorprendente de machismo irredento, de imposición moral” por parte del vicepresidente Juan García-Gallardo y del gobierno de Vox, porque en su opinión el presidente de la Junta es “una maceta” en el Consejo de Gobierno. A su juicio, la Junta está instalada en la “propaganda” y el “populismo” para presentarse como defensores de la vida, una consideración que reservó para los profesionales de la sanidad.

“No consta que tal modificación de los protocolos de seguimiento del embarazo haya sido aprobada por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia de nuestra Comunidad”, dijo el procurador de Ciudadanos.

“No hay evidencia conocida de los efectos que sobre la madre o el feto pueda tener tal modificación, ni consta tampoco estudios que avalen la pretendida eficacia en la disminución de las interrupciones voluntarias del embarazo”, añadió.

“¿Se ha considerado la compatibilidad con el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a las leyes vigentes?, ha cuestionado. “¿Se ha consultado esta variación del protocolo con los servicios de obstetricia de nuestra comunidad?”.

Asimismo, Cs recordó que en la legislación actual no existen listas públicas de objetores, ni se ha planteado tal posibilidad en ningún caso. Es obligatoria, aclaró, la declaración de la objeción ante las autoridades sanitarias según lo previsto, sin que se produzca menoscabo alguno de dicho derecho a la objeción de conciencia.

Tudanca ve coacción a la mujer

El secretario general del PSCyL y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, aseguró que la Junta, con las medidas anunciadas este jueves para las mujeres embarazadas, pretende “coaccionar” a las que deciden interrumpir su gestación y “dificultar” el ejercicio de este derecho.

En los pasillos de las Cortes, tras el pleno extraordinario en el que se tomó en consideración la proposición de ley de Medidas Tributarias, Tudanca aseguró que se vuelve a producir un “ataque intolerable” a los derechos y libertades de las mujeres. “Es inaudito”, dijo en declaraciones a los medios recogidas por Ical.

“Lo terrible es que en Castilla y León hace mucho tiempo que el señor Mañueco nos ha metido en un túnel del tiempo, que vamos hacia atrás, que parece que volvemos a los tiempos del NO-DO”, dijo el socialista, después de que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, anunciara un protocolo para evitar los abortos con diferentes medidas como la asistencia psicológica, las ecografías en cuatro dimensiones o la posibilidad de escuchar el latido.

En ese sentido, Tudanca recordó que recientemente se llevó a cabo una reforma del Código Penal para proteger a las mujeres que ejercían su derecho al aborto ante el “acoso” que sufrían por parte de grupos provida. Ahora, insistió, es un gobierno, la Junta, la que intenta dificultar este derecho y “coaccionar a las mujeres”.

Al respecto, aseguró que el “problema” lo tienen las mujeres que quieren abortar en Castilla y León porque sólo hay dos dos hospitales públicos que los practican, lo que supone que el 97,5 por ciento tiene que hacerlo fuera de su ciudad, de su hospital de referencia o en una clínica privada. “No hay un problema con los médicos objetores, no lo hay”, agregó, sino a su jucio con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en la Comunidad.

“Para más INRI”, dijo, se pretende trasladar a la sociedad la sensación de que las mujeres que quieren ejercer su derecho al aborto tiene un “problema de salud mental”. “Esta es la conclusión a la que llega el vicepresidente”, dijo. Además, mostró una cita para una consulta de psicología de un hospital de la Comunidad, en la que desde el 30 de noviembre se daba cita para el 19 de abril de este año. “Cinco meses para acceder”, dijo ante una situación que afecta a toda la población.

“Es que todo mal”, concluyó, al tiempo que pidió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que haga una “profunda reflexión” porque este jueves se celebra un pleno para solventar una “importante crisis institucional” y se van tapando un “escándalo con otro”. “Vamos de escándalo en escándalo”, lamentó para advertir de que Castilla y León se está convirtiendo en el “hazme reír” de todos.

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