El topillo | La fosa séptica del mausoleo (II)

Las subvenciones transferidas por las Cortes de Castilla y León a los grupos parlamentarios han ido creciendo con el tiempo de manera casi exponencial, situándose cada vez más por encima de la cuantía necesaria para su teórico fin, que no debiera ser otro que cubrir los gastos materiales y de personal que requiere su adecuado funcionamiento. La mejor prueba de que sus cuantías están muy sobredimensionadas es que, como no ha ocultado Vox y han terminado ya por admitir PP y PSOE, un buen porcentaje de esos fondos se está destinando a retribuir con cantidades fijas a los procuradores no liberados por cuenta de la Cámara. Pero la cosa no queda ni mucho menos ahí.

En realidad, dichas subvenciones constituyen la principal fuente de financiación de las estructuras autonómicas de los distintos partidos. Con la excusa de que albergan en su seno sendas oficinas de sus grupos parlamentarios, las sedes autonómicas del PP en Valladolid (calle María de Molina) y del PSOE (Avenida Medina del Campo) se sostienen con dinero procedente de las respectivas subvenciones de las Cortes. Desconozco si es así también en el caso de Vox, pero con Ciudadanos pasó exactamente lo mismo y Podemos, en la legislatura en la que se disparó hasta los 10 procuradores, se permitió abrir una ostentosa sede en la plaza Circular, que lógicamente después no ha podido mantener.

Pero las subvenciones de los grupos, sobre todo la del PP, siempre han dado para mucho más. En diciembre de 2020 se levantó no poca polvareda cuando “El Norte de Castilla” destapó que el exgerente regional del PP, Pedro Viñarás, que había sido despedido de su puesto por la dirección nacional del partido, había sido contratado inmediatamente después por el grupo popular de las Cortes en calidad de “asesor de estrategia parlamentaria” con una soldada mensual de 5.229 euros brutos. Enterado de dicha “repesca” laboral, el cabreo del entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, fue sideral, al punto de que Génova, que había indemnizado a Viñarás con cerca de 70.000 euros, decidió abrir expediente al grupo parlamentario por presunta “deslealtad” hacia la dirección nacional. El portavoz del grupo, que desde 2017 era Raúl de la Hoz, no dio ninguna explicación pública alegando que se trataba de una cuestión “interna” y “privada”, lo que le valió todo un rapapolvo editorial por parte de “El Norte”, que recordó al susodicho que la subvención a la que se cargaba el polémico contrato se nutría del erario público.

La cuantía de los 5.229 euros no era casual, ya que multiplicada por 14 ascendía a 73.206 anuales que, complemento “indemnizatorio” aparte, era exactamente la retribución bruta anual fijada para los procuradores con supuesta “dedicación exclusiva”. (Pese su despido como gerente, Viñarás continuó -y al parecer, continúa- siendo el tesorero autonómico del PP, cargo al que accedió en 1989 tomando el relevo de Jesús Sepúlveda, el exmarido de la exministra Ana Mato y ex alcalde de Pozuelo condenado en el caso Gürtel).

«El topillo» tiene constancia fehaciente de otra contratación de este porte -un político del PP descolocado- con cargo a la subvención del grupo parlamentario. Se trata de un exalto cargo público de dilatada trayectoria que, una vez agotado su mandato en determinada institución, estuvo a sueldo del grupo entre 2011 y 2015. Desconozco la cuantía que percibía, pero a ella sumaba además el importe de las dietas por cuenta de la Cámara, ya que nuestro protagonista sí había renovado su escaño de procurador. Aunque no forma parte del círculo más próximo a «Fonsi» Fernández Mañueco, restringido a Viñarás, De la Hoz y si acaso al “compadre” Fernando Martínez Maillo, el aludido goza de la confianza del presidente de la Junta, formando parte en la actualidad del grupo de asesores que trabaja en el Colegio de la Asunción.

Y hablando de sueldos con cargo al grupo parlamentario, “El topillo” no tiene pruebas pero tampoco dudas de que su presidente, que no es otro que el propio “Fonsi” Mañueco, percibe un estipendio fijo. ¿O no? Cuando se destaca que la retribución del presidente de la Junta (79.072 euros anuales en 2024) es notoriamente inferior a la de otros altos cargos del gobierno autonómico y a la de los 25 procuradores de las Cortes con “dedicación exclusiva” (11 de ellos se levantan 100.871 euros y los 14 restantes 96.551) se está diciendo una de esas verdades a medias que encubren una gran mentira. Ello sería verificable si, en lugar de estar guardadas bajo siete llaves en alguna ignota cripta del mausoleo, las declaraciones de IRPF de los procuradores estuvieran a disposición pública.

En su deplorable discurso leído durante el deslucido aniversario del Estatuto, el presidente de las Cortes, el ultra Carlos Pollán, desveló que días antes se había celebrado una reunión restringida a representantes de PP, PSOE y Vox para abordar la cuestión de las incompatibilidades (la bochornosa ausencia de una regulación sobre las mismas, grupo que, ya puesto, se proponía estudiar la extensión de un sueldo fijo oficial a los 81 procuradores. Ante la que está cayendo, primero el PP y luego el PSOE se han descolgado de ese grupo restringido, dando paso a que estos asuntos se aborden donde habían exigido los grupos excluidos: la Comisión de Reglamento constituida en la Cámara.

Por increíble que pueda parecer, visto el espurio desvío de buena parte de las subvenciones hacia este fin, de forma que hay procuradores no liberados como los de Vox, que entre el fijo del grupo y las dietas, se embolsan más de 50.000 euros anuales, es muy posible que la extensión de un sueldo oficial a todos los procuradores supondría un ahorro. Siempre, claro está, que paralelamente la cuantía de las desmesuradas subvenciones a los grupos se ajustara escrupulosamente al coste de sus teóricos fines. Con la mitad de los 3,7 millones de euros que se pulen al año, creo que andarían más que sobrados.

En el próximo capítulo entraremos en el “malversador” uso de los coches oficiales y en otras escandalosas opacidades con las que tratan de ocultarse las inmundicias de esta auténtica fosa séptica en la que ha devenido el mausoleo parlamentario de esta desdichada comunidad autónoma.  (Continuará).