El Gobierno de España rescindirá de forma unilateral el contrato para la compra de más de 15 millones de balas a Israel, en concreto a la corporación Israel Military Industries (IMI Systems). La munición, que estaba destinada a la Guardia Civil, se iba a adquirir teniendo en cuenta la recomendación de la Abogacía del Estado de seguir adelante con el proceso, ante el coste que podría suponer anularlo, dado su avanzado estado de tramitación.
La compra de material a Israel contó con el visto bueno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pesar de que previamente se había comprometido no comprar armamento a dicho país debido al “conflicto armado en el territorio de Gaza”. El contrato, que habría supuesto un desembolso superior a los 6 millones de euros, se formalizó esta semana, e incluso aparece recogido este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El mismo día de su publicación, después de varias horas de debate, el Ejecutivo ha optado por anular el acuerdo. Así, la junta de inversión de material de doble uso denegará a la empresa el permiso de importación de la munición a España por razones de interés general. Luego, Interior rescindirá el contrato.
Esta acción podría llevar consigo reclamaciones legales por parte de la compañía israelí y, por ello, la Abogacía del Estado y los ministerios implicados estudian los posibles trámites y escenarios.
Futuras compras de material israelí
El mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había negado operaciones de “compraventa de armas” con Israel. Sin embargo, los ministerios de Interior y Defensa han adjudicado en los últimos meses varios contratos para comprar este tipo de materiales a dicho estado. Es el caso de un acuerdo para el suministro de prendas antibalas por más de 500.000 euros, adjudicado en enero, y otro de piezas para repuesto de pistolas, ambos establecidos con compañías israelíes.
Tras la anulación del contrato de los 15 millones de balas para la Guardia Civil, Marlaska pasa a ser el ministro en activo que más reprobaciones acumula en el Congreso y el Senado, en concreto, tres ejecutadas y 24 solicitadas.
