El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una “ambiciosa reforma” del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, destinada a mejorar su “autonomía” y “capacidad funcional” y que, “para garantizar su independencia“, establece que el mandato del Fiscal General del Estado (FGE) será de 5 años y ya no coincidirá con el del Gobierno, como hasta ahora.
De igual modo, con el objetivo de “impedir ceses discrecionales por parte del Gobierno”, el FGE podrá ser cesado sólo si se produce el “incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del Consejo General del Poder Judicial”. Además, el máximo responsable del Ministerio Público no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros.
Para dotar de mas autonomía a esta institución, el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales se llevará a cabo desde el FGE y no por parte del Gobierno, como hasta ahora. “A la vez, se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del FGE si cuenta con el apoyo de, al menos, las 3/5 partes de sus miembros”, puntualizan desde el Ejecutivo.
La norma pretende dar más transparencia al Ministerio Fiscal y a las asociaciones de fiscales, que no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros. A este respecto, se ha decido crear un registro público de “los fiscales encargados de preparar a opositores, que, además, necesitarán la autorización de la Fiscalía General del Estado para hacerlo”.
En cuanto a su adaptación a la LECrim, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno también a varios cambios “funcionales” concebidos para “facilitar” que el Ministerio Fiscal pueda ocuparse de la instrucción de los procesos penales, tal y como prevé la futura ley.
En este sentido, el Ministerio Público pasará a dirigir la Policía Judicial “en sus funciones de investigación del delito”, y será el Fiscal Jefe quien nombre “al fiscal o fiscales encargados de la investigación en cada caso”.
El anteproyecto también incluye un “régimen de abstención y recusación de los fiscales”, que será el mismo que el de jueces y magistrados, recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se trata de la reforma más ambiciosa de la Ley 50/1981, que regula el Ministerio Público desde hace casi 45 años.
