El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la Diputación de Salamanca atraviesa un momento de tensión. Las delegadas de CCOO del Comité de Empresa de Serveo Social, actual adjudicataria del servicio, han denunciado públicamente una serie de irregularidades que califican de «graves y reiteradas». Por su parte, la institución provincial asegura que mantiene una vigilancia permanente para garantizar el cumplimiento del contrato.
Las reclamaciones de la plantilla
Según el sindicato, tras más de 45 días desde el inicio de la prestación, la situación es «insostenible». El comité de empresa critica la «absoluta falta de respuesta» de la compañía ante sus escritos y destaca cuatro frentes críticos:
- Irregularidades laborales: Incumplimientos en la regularización de contratos y errores en las nóminas de los trabajadores.
- Falta de medios: Denuncian que no se está cumpliendo con la dotación de vehículos estipulada en el concurso.
- Seguridad: Critican la falta de entrega de Equipos de Protección Individual (EPIs).
- Calidad del servicio: Advierten que estas deficiencias afectan directamente a la atención que reciben los usuarios.
Como medida de protesta, se ha convocado una concentración frente a la sede de la Diputación (Calle Felipe Espino) el próximo viernes 17 de abril, de 12:30 a 13:30 horas. El Comité no descarta elevar el tono de las movilizaciones e incluso convocar huelgas si no se restablece la legalidad laboral.
La respuesta de la Diputación
Ante estas acusaciones, la Diputación de Salamanca ha emitido un mensaje de tranquilidad dirigido a usuarios y familias. La institución afirma que:
- Seguimiento continuo: Se está realizando una fiscalización del contrato desde el primer día para asegurar que se respeten los pliegos.
- Subsanación en marcha: Según la Diputación, la empresa ya está trabajando en corregir las incidencias señaladas y ha mostrado «voluntad de cumplir» con sus obligaciones.
- Posibles sanciones: La institución advierte que, de confirmarse los incumplimientos, se adoptarán las medidas previstas en el contrato para proteger tanto a la plantilla como a los dependientes del medio rural.
El gobierno provincial reitera su disposición al diálogo como la vía principal para resolver el conflicto en este servicio esencial para la provincia.
