Tras las acusaciones del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo en su declaración como imputado en el ‘caso mascarillas’, el PSOE ha anunciado que pedirá nuevamente amparo al alto tribunal para actuar contra lo que consideran una estrategia de «injurias» y «ruido sin pruebas».
Desde Ferraz aseguran que no existe ninguna financiación irregular en el partido y enmarcan las palabras del presunto conseguidor dentro de un derecho a la defensa que, según denuncian, utiliza el engaño como herramienta principal para eludir responsabilidades judiciales.
El Gobierno se ha sumado a esta postura de «tranquilidad», calificando a Aldama como un «gran mentiroso» y recordando que la ley permite a los acusados faltar a la verdad en sede judicial.
Esta reacción llega después de que el empresario implicara directamente a Pedro Sánchez y otros miembros del Ejecutivo en una supuesta red de mordidas y favores. El PSOE ha recordado que ya intentó querellarse contra él a finales de 2024 por afirmaciones similares, una acción que el juez instructor frenó entonces para no entorpecer la investigación, pero que el partido está decidido a retomar ahora.
«Frente a la corrupción, el PSOE actúa con tolerancia cero y transparencia», sostienen fuentes de la formación, que además rechazan recibir «lecciones» de partidos con sentencias firmes por cajas B o sobresueldos.
Con esta ofensiva legal, los socialistas buscan blindar la reputación de sus siglas y del propio presidente del Gobierno ante un testimonio que, a pesar de su dureza, consideran carente de base documental. El pulso judicial queda ahora pendiente de si las acusaciones de Aldama logran sostenerse con evidencias o si se confirman como una maniobra defensiva, tal y como sostiene el Ejecutivo.
