La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a una cuidadora a un año y once meses de prisión ras quedar probado que utilizó de forma fraudulenta la tarjeta bancaria de la mujer a la que cuidaba, una anciana de 97 años con demencia grave, para realizar retiradas de efectivo en cajeros sin su consentimiento. La acusada se aprovechó de la relación de confianza y del deterioro cognitivo de la víctima, fallecida en mayo de 2025 a los 100 años, para obtener un beneficio económico ilícito. Por eso, la sentencia le obliga a indemnizar al heredero a la víctima con 3.320 euros que se han acreditado que sacó del cajero para sus fines, aunque otras cantidades bajo sospecha.
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre finales de 2021 y julio de 2022. La condenada fue contratada para asistir a la víctima en su domicilio de Salamanca y acompañarla en sus gestiones diarias, incluyendo visitas a entidades bancarias. Según la sentencia, la cuidadora conocía el número PIN de la tarjeta de la anciana debido a su relación laboral y lo utilizó para extraer diversas sumas de dinero que nunca fueron destinadas al beneficio de la mujer.
El tribunal considera probado que la acusada realizó una decena de extracciones en cajeros automáticos entre mayo y julio de 2022, con importes que oscilaban entre los 100 y los 500 euros por operación. Estos movimientos se realizaron de forma sistemática y a espaldas de la propietaria de la cuenta.
A pesar de la gravedad de los hechos, la sentencia no ha podido vincular a la cuidadora con otras retiradas de dinero de mayor cuantía. Aunque constan reintegros en ventanilla de hasta 22.000 euros realizados por la propia anciana en presencia de la acusada, el tribunal determina que no hay pruebas suficientes para asegurar que la empleada influyera en esas decisiones o se quedara con el dinero.
Del mismo modo, otras operaciones sospechosas por valor de 4.000 euros en cajeros de otra entidad bancaria han quedado fuera de la condena al no poderse acreditar fehacientemente la identidad de la persona que operó en el terminal.
La vulnerabilidad de la víctima
La víctima, que padecía un trastorno cognitivo grave desde 2018, fue declarada totalmente dependiente antes de morir. En el momento de los hechos, contaba con una autonomía muy limitada, lo que facilitó el engaño.
Tras su fallecimiento el pasado mes de mayo, su sobrino y coheredero ha sido quien ha encabezado la acusación particular para reclamar la responsabilidad civil.
El Ministerio Fiscal calificó los hechos como un delito de estafa continuada con el agravante de abuso de relaciones personales. La acusada deberá afrontar ahora el pago de una indemnización por las cantidades sustraídas, además de las penas de prisión y multa que establece la resolución judicial para este tipo de delitos contra el patrimonio de personas vulnerables.
