Discriminación y violencia: la realidad que siguen enfrentando las personas LGTBIQ+ en el mundo.
La consigna “los derechos humanos para todas las personas” debería ser una verdad universal, sin excepciones ni condiciones. Sin embargo, en pleno siglo XXI, los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ+ (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersex, Queer y otros colectivos) siguen siendo violados en muchos países. La violencia, la estigmatización y la discriminación legal y social continúan marcando la vida de millones de personas.
Según estudios internacionales, en numerosos países todavía existen leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o que restringen la libertad de expresión y de asociación de las personas LGTBIQ+. Por ejemplo en Rusia existen leyes contra la llamada “propaganda LGTBI” que prohíben hablar públicamente de diversidad sexual, lo que limita la libre expresión y fomenta la estigmatización y la censura de la comunidad.
Según análisis de Amnistía Internacional, más de 60 países todavía criminalizan la homosexualidad y en algunos casos esta penalización llega a contemplar penas de prisión o incluso la pena de muerte. En Arabia Saudí las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas por la ley y pueden castigarse con penas severas, lo que obliga a muchas personas del colectivo a vivir en secreto por miedo a represalias legales y sociales. Además, la organización denuncia que, incluso donde no existen leyes explícitamente criminalizadoras, la falta de protección efectiva permite abusos policiales, agresiones impunes y discriminación en ámbitos como el empleo, la vivienda o la atención sanitaria. De hecho en Honduras, aunque la homosexualidad no es ilegal, las personas LGTBIQ+ enfrentan altos niveles de violencia y crímenes de odio y muchas veces estos ataques quedan en la impunidad debido a la falta de protección efectiva del Estado. Amnistía Internacional también subraya que las personas trans y de género diverso enfrentan obstáculos específicos, como la imposibilidad de modificar legalmente su nombre y género sin requisitos abusivos, procedimientos médicos obligatorios o diagnósticos patologizantes. Esto vulnera derechos básicos como la dignidad, la privacidad y el reconocimiento ante la ley. En muchos lugares, las personas LGBTIQ+ sufren acoso escolar, rechazo familiar, discriminación en el trabajo y violencia en espacios públicos. Un informe de ILGA Mundo (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) destaca que cuatro de cada cinco países del mundo no cuentan con leyes que protejan específicamente a menores LGBTIQ+ del acoso escolar, lo que agrava las desigualdades desde edades tempranas.
En este contexto internacional, el caso de Rosanna Marzán representa un ejemplo concreto de los riesgos que enfrentan quienes defienden estos derechos. Defensora de los derechos de las personas LGTBIQ+ en la República Dominicana, Rosanna fue durante años directora ejecutiva de la organización Diversidad Dominicana, desde donde promovió la igualdad, denunció abusos y acompañó a personas migrantes y sobrevivientes de violencia. Su labor fue reconocida internacionalmente con el Premio Front Line Defenders, que destaca a personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo. Sin embargo, este reconocimiento no la protegió de las amenazas. Marzán denunció reiteradas intimidaciones, ataques y campañas de odio dirigidas tanto contra ella como contra la organización que lideraba. Ante el aumento del riesgo y las amenazas directas contra su vida, Rosanna tuvo que salir de la República Dominicana y buscar protección. Actualmente se encuentra en España bajo el programa de protección para personas defensoras de derechos humanos de Amnistía Internacional, desde donde continúa su labor de denuncia y acompañamiento, aunque lejos de su país. La historia de Rosanna refleja una realidad que Amnistía Internacional documenta de manera constante: quienes defienden los derechos de las personas LGTBIQ+ suelen convertirse en víctima de persecución.
Defender la igualdad no debería implicar poner en riesgo la propia vida. Los derechos LGTBIQ+ no son privilegios ni demandas especiales, son derechos humanos fundamentales: derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la salud y a la igualdad ante la ley. Sin embargo, millones de personas siguen viviendo bajo leyes discriminatorias o en contextos donde el odio se tolera e incluso se legitima desde discursos públicos y marcos normativos excluyentes.
Frente a esta realidad, la solución no pasa por el silencio ni por la indiferencia. Promover una cultura de respeto y convivencia a través de la formación en diversidad e interseccionalidad desde la infancia es una herramienta clave para transformar prejuicios arraigados. Al mismo tiempo, es imprescindible que los Estados aprueben y apliquen leyes nacionales contra los delitos de odio y discriminación, en lugar de normativas que los fomenten o legitimen. Solo combinando políticas públicas inclusivas, marcos legales sólidos y una educación basada en el respeto de los derechos humanos será posible avanzar hacia una sociedad donde nadie tenga que huir de su país por ser quien es. La igualdad no es una amenaza, es la base de una democracia real y de una convivencia justa para todes.
Por. Francesca Rasetta, defensora de los Derechos Humanos
