La UCO sitúa a Cerdán al tanto de la actividad de Leire Díez

El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Foto: Instagram.
El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Foto: Instagram.

Los agentes de la UCO sostienen ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, estaba plenamente al tanto y participó en la presunta trama bautizada como 'caso Leire'. El objetivo de esta red, presuntamente financiada con fondos de la formación, era torpedear y desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban de forma directa al partido o al propio Ejecutivo.

El informe de 107 páginasse basa en el material incautado el pasado 27 de mayo durante los registros realizados en la sede federal del PSOE y en el domicilio particular de Cerdán en Milagro (Navarra). En los despachos de Ferraz, los investigadores hallaron agendas y un documento explícito titulado "incumplimientos" donde la exmilitante Leire Díez le "rendía cuentas" detalladas sobre sus gestiones para anular causas y buscar información comprometida contra jueces, fiscales y los propios agentes de la UCO.

Una estructura con roles claros de dirección

La investigación que dirige el magistrado Pedraz establece un reparto de funciones muy definido dentro de la supuesta organización:

  • Santos Cerdán: Se le atribuye un "papel directivo" y se le señala como el máximo responsable de autorizar los recursos. Según la UCO, ordenó de forma "verbal" a la secretaría que cualquier viaje solicitado por Díez se diese por aprobado de manera automática y sin supervisión. El PSOE sufragó así hasta seis viajes de la exmilitante, el último de ellos para intentar cerrar un pacto de intercambio de información con el excomisario José Manuel Villarejo.

  • Leire Díez: Ejercía la "dirección ejecutiva" de los planes sobre el terreno. Los agentes hallaron en sus dispositivos un documento llamado "LD-Planteamientos" donde se diseñaba la obtención de dossieres documentales de Villarejo para atacar a objetivos clave, principalmente al fiscal de Anticorrupción José Grinda.

La ofensiva para blindar al hermano de "P.S."

Uno de los puntos centrales de la trama era frenar la causa judicial abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La Guardia Civil certifica en el informe que las siglas "P.S." encontradas de forma recurrente en las anotaciones de Díez corresponden inequívocamente a Pedro Sánchez.

Para coordinar la desestabilización de este caso específico, la red utilizaba un grupo de WhatsApp denominado "Vacaciones y viajes", en el que participaban Díez, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada y los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra. En su declaración como testigo, Parra admitió ante las autoridades que en ese chat se hablaba abiertamente de "quitar de en medio" a fiscales y jueces como Grinda o Manuel Marchena. Los cuadernos de la exmilitante ya contemplaban desde marzo de 2025 las estrategias para forzar la recusación de la jueza instructora del caso, Beatriz Biedma, o intentar controlar la defensa legal de David Sánchez.

Espionaje interno en la Guardia Civil y facturas ocultas

La UCO reitera además la gravedad de las maniobras de Leire Díez para lanzar "investigaciones internas" e informaciones reservadas dentro del propio instituto armado dirigidas contra los propios agentes que investigaban la corrupción. Para ello, la trama se habría "valido de la relación" personal de Díez con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Aunque González -que comparece este martes en el Senado- reconoce dos encuentros y que Díez le pidió readmitir a un comandante detenido en el 'caso Koldo', defiende que rechazó de plano procesar tal pretensión.

Finalmente, el rastro del dinero también arroja sospechas de opacidad contable en el partido. Los investigadores sospechan que el abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, se integró en la organización a cambio de pagos amparados por la gerente del PSOE, Ana María Fuentes (actualmente imputada). El análisis informático ha sacado a la luz dos facturas emitidas por el letrado en 2025, por valor de 26.500 euros cada una, cuyo concepto era la prestación de servicios jurídicos pero que, de manera flagrante, no figuran en la documentación oficial de cuentas aportada por el PSOE al juzgado.