La nueva regulación talibán legitima la violencia de género, amplía la pena de muerte y reconoce la esclavitud, marcando un retroceso histórico en derechos humanos.
Afganistán vuelve a situarse en el centro de la preocupación internacional tras la aprobación de una nueva regulación penal que endurece aún más el ya opresivo sistema impuesto por los talibanes desde su regreso al poder en agosto de 2021. El decreto, firmado el 5 de enero de 2026 por el líder talibán y distribuido oficialmente el 8 del mismo mes entre los órganos judiciales del país, establece un marco legal profundamente regresivo que afecta de manera directa y desproporcionada a mujeres y minorías religiosas y sociales. Aunque en las primeras semanas de marzo, todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial, las autoridades talibanas han confirmado que su entrada en vigor es inminente y ya se han registrado los primeros casos de aplicación. El 15 de febrero, un medio local informó del procesamiento de una persona en Badghis por insultar al líder talibán, señal de que la normativa ya se está aplicando para reprimir cualquier forma de disidencia.
La nueva normativa, denominada Regulación de Procedimiento Penal de los Tribunales, redefine el concepto de delito, amplía las penas aplicables y legitima prácticas que contravienen de forma flagrante los estándares internacionales de derechos humanos. Entre sus disposiciones más alarmantes se encuentran la normalización de la violencia de género, la imposición de castigos corporales, la institucionalización de la tortura, la ampliación de la pena de muerte y la existencia de la esclavitud como categoría jurídica. Todo ello en un país donde la población civil, especialmente las mujeres, ya vive bajo un régimen de restricciones extremas que limita su movilidad, su acceso a la educación, su participación en la vida pública y su autonomía personal.
El análisis jurídico de Amnistía Internacional detalla cómo la nueva regulación penal afecta a siete áreas clave. La primera es la de los derechos de las mujeres. El decreto solo considera delito la violencia de género cuando la víctima presenta fracturas o lesiones visibles, dejando impunes la mayoría de agresiones físicas y psicológicas. Además, cualquier mujer que visite regularmente a familiares sin permiso de su esposo puede ser condenada a tres meses de prisión, reforzando su dependencia y limitando su autonomía.
La regulación también ataca la libertad religiosa y de pensamiento. Establece penas severas para quienes se desvíen de la interpretación hanafí del islam suní, lo que expone a las minorías religiosas a persecuciones arbitrarias. Las creencias distintas son calificadas de heréticas, abriendo la puerta a castigos desproporcionados.
Otro punto crítico es la institucionalización de la tortura. El texto autoriza castigos corporales como flagelaciones y azotes y permite la destrucción de bienes como forma de sanción. Estas prácticas, prohibidas por el derecho internacional, se normalizan como herramientas judiciales. La pena de muerte también se amplía a delitos definidos de forma imprecisa, como la llamada “sodomía habitual”, cuya interpretación queda en manos de un imán que puede decidir la ejecución en nombre del “interés público”. Esta vaguedad jurídica otorga un poder absoluto a las autoridades religiosas y elimina cualquier garantía de justicia.
En cuanto a las normas de juicio justo, la regulación utiliza definiciones ambiguas que permiten a jueces y autoridades talibanas aplicar la ley de manera arbitraria. Esto socava por completo el debido proceso y deja a la población indefensa ante decisiones imprevisibles. La igualdad ante la ley también se ve gravemente afectada. El decreto divide a los acusados en cuatro categorías sociales y establece penas más duras para quienes pertenecen a clases consideradas “bajas”. Esta jerarquía legal contradice los principios fundamentales de justicia y equidad.
Finalmente, el texto incluye disposiciones que parecen reconocer la esclavitud, permitiendo la propiedad sobre determinadas personas en ciertos contextos. Este punto, uno de los más inquietantes, evidencia el retroceso extremo que supone la normativa.
La nueva regulación penal talibán no es solo un conjunto de normas: es un instrumento de control que profundiza la violencia estructural y elimina cualquier espacio de libertad. Las mujeres, ya sometidas a restricciones extremas, quedan aún más expuestas a abusos, castigos y silenciamiento. No es aceptable que se normalice la violencia doméstica, se limite la movilidad femenina y se imponga un sistema legal basado en la desigualdad y el miedo. La comunidad internacional debe reaccionar con firmeza y la sociedad civil tiene la responsabilidad moral de denunciar estas violaciones. Callar ante esta realidad sería una forma de complicidad. Las mujeres afganas merecen algo distinto: merecen vivir con dignidad, libertad y derechos.
Francesca Rasetta, defensora de los Derechos Humanos