Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha entregado este miércoles su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla, cumpliendo así con la orden dictada por el juez Juan Carlos Peinado. La comparecencia, blindada por un estricto dispositivo de seguridad, se produce en el marco de la investigación que la señala por varios delitos cogidos con alfileres y ha desencadenado un profundo choque institucional debido a los controvertidos argumentos que el instructor ha utilizado para restringir sus movimientos.
El titular del juzgado ha impuesto un severo paquete de restricciones contra Gómez y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, a quienes investiga por presunto tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios. Las medidas impuestas para garantizar su sujeción al proceso incluyen la entrega inmediata del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de realizar comparecencias quincenales en sede judicial.
Para cumplir este trámite, la esposa del presidente ha vuelto a evitar la entrada principal y ha accedido a las instalaciones por el garaje. Esta medida excepcional cuenta con el aval de la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, quien autorizó la petición del servicio de seguridad gubernamental para preservar la integridad física de la investigada. En paralelo, la defensa legal mantiene vivo un recurso para intentar frenar la retirada del documento, una petición que la justicia todavía debe resolver.
La sospecha sobre la Policía Nacional
El conflicto institucional radica en el escrito judicial que justifica el riesgo de fuga. El juez Peinado ha expresado por escrito sus sospechas de que los agentes de la Policía Nacional encargados de proteger a la investigada podrían convertirse en colaboradores necesarios para una hipotética huida, actuando por iniciativa propia o bajo directrices de sus superiores.
El magistrado ahonda en su razonamiento calificando la presidencia de Pedro Sánchez como una etapa "efímera" y "transitoria". A su juicio, cuando ese blindaje oficial desaparezca, los riesgos de que la investigada intente eludir la acción de la justicia aumentarán considerablemente.
Estas afirmaciones han provocado un rechazo en cadena por parte de los sindicatos policiales, el Gobierno y estamentos legales. Ante la magnitud del malestar, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el paso de remitir el documento al promotor de la acción disciplinaria para evaluar si las palabras del juez constituyen una falta grave de desconsideración hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El rechazo frontal de Moncloa a un "acoso y derribo"
La escena en los juzgados madrileños ha coincidido temporalmente con una tensa sesión parlamentaria protagonizada por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Sin nombrar directamente al instructor del caso, el presidente del Gobierno ha defendido el honor de los servidores públicos y ha calificado las restricciones impuestas a su esposa de desproporcionadas, afirmando que "sobrepasan el límite de lo razonable".
El líder socialista ha enmarcado este cerco judicial en una estrategia política y mediática diseñada para destruir reputaciones. Según su análisis, el proceso obedece a un patrón predecible basado en acusaciones infundadas: arranca con la publicación de un bulo periodístico, se judicializa mediante una denuncia y termina generando un daño público irreparable, explotando la enorme distancia que existe entre la lentitud de los tribunales y la inmediatez del debate público.