El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha concedido un permiso parcial a Begoña Gómez para salir de España entre el 8 y el 10 de julio. El magistrado le devolverá temporalmente el pasaporte para que asista a la graduación de su hija en el Reino Unido, pero ha rechazado su traslado a Turquía, donde planeaba participar en la cumbre de la alianza atlántica tras recibir una invitación oficial de la primera dama turca.
El magistrado Antonio Viejo, encargado de sustituir durante el periodo vacacional al juez titular de la causa, ha dictaminado una autorización a medias para la esposa de Pedro Sánchez. Para fundamentar su decisión de permitir el vuelo a Londres, el juez alude a la naturaleza familiar del evento y subraya "la buena relación de cooperación judicial" que mantiene nuestro país con el Reino Unido, incluso tras el Brexit.
Por el contrario, el traslado a Ankara ha quedado denegado. El escrito judicial expone que la asistencia de Gómez a la 36ª Cumbre de la OTAN responde únicamente a "razones de cortesía institucional internacional", sin que tenga previsto ningún tipo de intervención activa en el foro. Además, el magistrado hace suya la advertencia de las acusaciones y recuerda que Turquía se encuentra fuera del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, una circunstancia que dificulta la cooperación policial internacional.
Para ejecutar este viaje a territorio británico, la investigada recuperará su pasaporte de forma inminente, pero cuenta con la obligación de devolverlo en sede judicial el próximo 13 de julio, primer día hábil tras su regreso.
Indignación en Moncloa frente al temor de fuga
El dictamen no ha dejado indiferente a ninguna de las partes implicadas. Desde el Palacio de la Moncloa, fuentes oficiales han calificado la restricción de viaje a Turquía como "incomprensible" y aseguran que la decisión "habla por sí sola".
El debate sobre la salida al extranjero había generado posturas encontradas durante los últimos días. La defensa, liderada por el letrado Antonio Camacho, aseguró que el estricto dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno que acompaña a su clienta garantizaba su localización permanente e imposibilitaba cualquier evasión.La Fiscalía se alineó con esta postura y trasladó al juzgado que no se oponía a autorizar los desplazamientos solicitados.Por su parte, la acusación popular mostró un rechazo frontal y absoluto al considerar que existía un "fundado riesgo de fuga".
A las puertas del juicio oral
El origen de este escenario restrictivo se remonta a finales del mes pasado, cuando el juez titular, Juan Carlos Peinado, impuso severas medidas cautelares a la investigada -incluyendo la retirada del pasaporte y la prohibición general de salir del país-, llegando a insinuar que sus propios escoltas de la Policía Nacional podrían facilitar una fuga.
El magistrado ya ha dictado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su exasesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. La causa investiga indicios de presuntos indicios vinculados a su etapa en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y se centra en los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, apropiación indebida del software desarrollado para la cátedra universitaria que codirigía y malversación de caudales públicos por la contratación de personal asesor.
En sus recientes resoluciones, el juez sostiene que la acusada aprovechó su condición de esposa del presidente para obtener "decisiones públicas favorables". Según la investigación, este giro radical en su trayectoria se gestó poco después de la investidura, cuando el rector de la UCM, Joaquín Goyache, acudió a una reunión en la Moncloa y, posteriormente, ordenó la creación de una cátedra diseñada específicamente para ella, saltándose presuntamente los cauces ordinarios de la institución. La defensa ya ha presentado un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid para intentar anular estas actuaciones.
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