La presidenta interina de Venezuela y el ministro de la Presidencia español han lanzado sendas ofensivas legales contra el comisionista Víctor de Aldama. Mientras la mandataria venezolana prepara una querella tras ser vinculada a la presunta financiación irregular del PSOE, un juzgado madrileño ha admitido a trámite la demanda por difamación impulsada por el ministro socialista.
La actual jefa de Estado interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decidido llevar a los tribunales las recientes declaraciones de Víctor de Aldama. El primer paso de su equipo legal será promover un acto de conciliación para exigir al empresario que se retracte públicamente. De no hacerlo, formalizará una querella por un presunto delito de injurias. Para pilotar esta estrategia, la ex mano derecha de Nicolás Maduro ha contratado los servicios del despacho del exjuez Baltasar Garzón.
El origen del conflicto radica en las afirmaciones de Aldama ante la justicia española. El empresario aseguró que la petrolera estatal venezolana PDVSA habría financiado de forma ilegal tanto al PSOE como a la Internacional Socialista.
El misterioso sobre de Petróleos de Venezuela y el laberinto judicial
El pasado mes de marzo, el comisionista entregó al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, un sobre con el membrete de la petrolera que, presuntamente, contiene las pruebas de esta financiación irregular. Según su propia versión, fue la propia Delcy Rodríguez -en su etapa como ministra de Hidrocarburos- quien le facilitó dicha documentación. Los investigadores dan credibilidad a la existencia de estos papeles; de hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya constató que el empresario dejó "documentación sensible" de PDVSA bajo la custodia de su hombre de confianza, Luis Alberto Escolano.
Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción intenta acceder al contenido de ese sobre, pero Aldama exige alcanzar un pacto previo antes de revelar la información. Este movimiento se enmarca en la compleja situación procesal del empresario: ha sido condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de cárcel por el Caso Mascarillas, aunque evitará la prisión prestando servicios a la comunidad gracias a su colaboración con la justicia y mantiene su condición de imputado en las investigaciones del Caso Hidrocarburos y el Caso Villafuel, ambas instruidas por el magistrado Santiago Pedraz.
La demanda de Félix Bolaños sigue adelante
En paralelo al frente venezolano, los problemas judiciales de Aldama crecen en España. El Tribunal de Instancia número 8 de Madrid ha admitido a trámite la demanda presentada por el ministro Félix Bolaños. El titular de Justicia reaccionó así a una entrevista televisiva emitida en febrero, donde el empresario le acusó de haber intentado sobornarle con una gran suma de dinero para "comprar su silencio".
Bolaños ha desmentido tajantemente estas acusaciones, asegurando que jamás ha cruzado una palabra con el comisionista. A través de su demanda para proteger su derecho al honor, el ministro exige el cese inmediato de este tipo de afirmaciones en cualquier medio de comunicación o plataforma digital, la publicación de la futura sentencia condenatoria en los perfiles sociales del empresario, con especial énfasis en la red social X, y el pago de una indemnización económica de 70.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados.
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