El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado su intención de elevar a rango estatal la normativa aprobada recientemente en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de que el feto sea reconocido como un miembro más de la unidad familiar a la hora de acceder a ayudas y subvenciones públicas. La medida busca fomentar la natalidad ante la crisis demográfica, aunque ha desatado el rechazo en bloque de los partidos de la izquierda y los matices de Vox.
Durante una entrevista en el programa Espejo Público, Alberto Núñez Feijóo avanzó que, si asume la presidencia del Ejecutivo central, impulsará una ley nacional de apoyo a las familias que otorgue repercusión económica directa al concebido no nacido. El líder de la oposición recordó que él mismo ya aplicó una fórmula similar en 2011 durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia, aunque acotada entonces a las familias numerosas.
El portavoz de la formación, Borja Sémper, respaldó la propuesta en rueda de prensa argumentando la necesidad de implementar incentivos ante la baja tasa de fertilidad de España, una de las menores del mundo. Según Sémper, el objetivo es favorecer la conciliación y conseguir que tener hijos "deje de ser una heroicidad" para los jóvenes que no pueden permitírselo por motivos económicos.
Actualmente, diversas comunidades autónomas ya contemplan prestaciones previas al nacimiento —como las ayudas madrileñas de 500 euros por gestación a menores de 30 años— o permiten tramitar becas de educación infantil antes del parto. Sin embargo, la ley aprobada la pasada semana en la Asamblea de Madrid con los votos de PP y Vox es la primera en otorgar este reconocimiento jurídico de forma general.
De las críticas de la izquierda a las exigencias de Vox
El anuncio ha provocado una inmediata reacción en cadena entre las diferentes fuerzas políticas:
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PSOE: La secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, acusó a Feijóo de "prometer acabar con los derechos de las mujeres" e ironizó en redes sociales afirmando que los populares solo muestran interés por las personas antes de nacer.
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Sumar / Derechos Sociales: El ministro Pablo Bustinduy instó al PP a centrarse en los "derechos de los concebidos sí nacidos" y exigió su apoyo para aprobar la prestación universal por crianza, la dependencia o la gratuidad de los comedores escolares.
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Izquierda Unida y Podemos: Antonio Maíllo (IU) reprochó a Feijóo hacer "seguidismo" de Isabel Díaz Ayuso y asumir los postulados de la ultraderecha. Por su parte, Pablo Fernández (Podemos) alertó de que la medida busca "prohibir el derecho al aborto" y criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
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Vox: El portavoz nacional, Antonio Fúster, valoró positivamente el espíritu de la ley por "respetar la vida", pero advirtió que endurecerán la norma cuando gobiernen. En concreto, criticó que el texto de Madrid no obligue a devolver las ayudas públicas en caso de producirse un aborto voluntario.
Críticas a los viajes institucionales de Begoña Gómez
Preguntado por la situación judicial de Begoña Gómez, Feijóo evitó valorar si la retirada cautelar de su pasaporte es desproporcionada, argumentando que no es juez y que existen mecanismos de recurso. No obstante, calificó de "absolutamente impropio" que la esposa del presidente del Gobierno se desplace a foros internacionales estando investigada. "Hay que evitar como sea esa imagen, que puede llevar a otros primeros ministros a decir que la mujer del presidente está imputada", subrayó.
Rechazo a suspender el voto CERA y rechazo a la 'Ley de Nietos'
En clave electoral y de política exterior, el líder del PP se desmarcó de la petición de Vox ante la Junta Electoral Central para suspender el voto por correo de los españoles residentes en el extranjero (voto CERA). Feijóo rechazó su supresión, aunque defendió la necesidad de implementar controles adicionales que garanticen que el sufragio emitido sea plenamente fiable.
Donde sí se mostró tajante fue en su oposición a la conocida como 'Ley de Nietos' -incluida en la Ley de Memoria Democrática-, a la que tachó de "ingeniería social". Según las estimaciones del dirigente popular, esta disposición podría abrir la puerta a la nacionalización de hasta 2,5 millones de personas, beneficiando de forma colateral a bisnietos o tataranietos con vínculos que se remontan incluso al siglo XIX, más allá de los exiliados estrictos de la Guerra Civil o el franquismo.
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