El Partido Socialista de Castilla y León calificó este jueves de “tomadura de pelo” y de “totalmente decepcionante” el informe de la Junta sobre las residencias de mayores, que “no aporta los datos solicitados pero sí muchos que no aportan absolutamente nada y que pretenden poner el foco en otras cuestiones”.
La Plataforma de Afectado por la gestión de las residencias de mayores convocan concentraciones, a las 12 horas, de este sábado, 26 de septiembre, en las ciudades de León, donde tendrá lugar en la plaza de Botines, y Valladolid, donde se desarrollará en la plaza Mayor. Su objetivo es visibilizar y defender a las personas que sufren el actual modelo y su «absoluta precariedad».
Las residencias de Castilla y León piden de manera urgente profesionales para los 230 centros asociados en las nueve provincias de la región, fundamentalmente en la atención directa a las personas y el sanitario. Se trata de una realidad que el colectivo social vive de forma especial con la Covid pero que ahora se ha visto agravada tras la pandemia. Una realidad que afecta a las cerca de 14.500 personas que viven en ellas.
Castilla y León pone en marcha este lunes las actuaciones para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 como el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la calle, siempre y cuando no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Además, el horario de cierre de los establecimientos hoteleros se fija a la una de la madrugada como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de la medianoche, y se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no permitidas en la vía pública.
La Junta de Castilla y León y la Delegación del Gobierno en la Comunidad organizaron este martes, 30 de junio, una jornada de formación en Salamanca dirigida a gestores y directores de residencias de mayores para afrontar los posibles repuntes del coronavirus que se puedan dar durante los próximos meses.
La Fiscalía de Castilla y León ha archivado la denuncia presentada por el Defensor del Paciente contra las gerencias de Salud y Servicios Sociales de la Junta por el protoco interno para la atención sanitaria a usuarios de residencias de mayores durante la crisis del COVID-19. En el mismo se recogía que a los pacientes de las residencias sospechosos de sufrir coronavirus se les atendería sin necesidad de movilizarlos ni trasladarlos a los hospitales.
UGT Castilla y León ha calificado de “desafortunado” el decreto aprobado el pasado miércoles por las Corte con medidas extraordinarias para la atención social en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, a la vez que argumenta que “persisten las deficiencias” en un nuevo intento de la Junta por regular su funcionamiento.
Las Cortes de Castilla y León convalidaron este miércoles, con las abstenciones de PSOE y Podemos, el decreto ley de medidas extraordinarias para que las residenciales de personas mayores y personas con discapacidad estén preparados en el caso de un brote de COVID en otoño y contar con unas pautas hasta la aprobación del nuevo modelo residencial.
El procurador de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, pidió este martes la dimisión a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien aseguró que “nunca” se prohibió el traslado de mayores de residencias a los centros hospitalarios para ser tratados del COVID-19. Sus palabras terminaron con un prolongado aplauso, que agradeció sin embargo el secretario primero de las Cortes, el socialista José Francisco Martín.
Las residencias de personas mayores y personas con discapacidad de la Comunidad deberán contar con planes de contingencia COVID propios y existencias de equipos de protección individual (EPI) para al menos cinco semanas ante un posible rebrote, al tiempo que deberán reforzar sus circuitos de formación. Así lo recoge el decreto ley aprobado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta, que con el que pretende reforzar el sistema de servicios sociales de Castilla y León y que estos centros estén preparados ante un rebrote, según explicó el consejero portavoz, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior a la reunión.
