Si la actuación de Mañueco ofrece dudas respecto a su inclinación a tolerar y practicar actos de nepotismo, las sombras caracterizan la contratación administrativa de la etapa de Mañueco en el Ayuntamiento de Salamanca. Los grandes contratos municipales están bajo sospecha o anulados. Solo la suerte y las detenciones de los principales cabecillas han librado al exalcalde de Salamanca y candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de verse implicado en los caso ‘Lezo’ y ‘Enredadera’.
En el año 2016 y justo antes de que comenzaran las elecciones un asunto aparentemente menor como la adjudicación del contrato de gestión de las guarderías infantiles del Ayuntamiento de Salamanca, le cayó encima a Alfonso Fernández Mañueco.
Una grabación publicada por El País implicaba al alcalde Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, en el negocio de las guarderías con el ‘caso Lezo’.
“El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dice que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, le ha dicho a Carmen Pazos, dueña de Mis Pollitos y socia de su mujer para el negocio de las escuelas infantiles “que le va a dar las cuatro guarderías”.
Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González, llamó a su marido poco después para decirle “ya hemos firmado, gordito (…) he traído una botella de champán“. Se refería a la constitución de la sociedad con la empresaria salmantina de Mis Pollitos para empezar a gestionar guarderías.
En el caso de Lezo su nombre apareció vinculado a la licitación de las escuelas infantiles municipales, un negocio de 7,2 millones, que estaba trabajándose la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con la dueña del grupo Mis Pollitos.
Solo la detención de González y del resto de cabecillas de la trama impidió que el proceso de licitación acabara con una posible adjudicación a la empresa de la mujer del cabecilla de la trama Lezo.
Al final, el equipo de Gobierno tuvo tiempo de arreglarlo todo para que pareciera un proceso limpio y se presentaron dos empresas con amplia relación con el Consistorio para optar al contrato. Una de ellas carecía de relación con el mundo de la educación infantil y la otra, Eulen, la que se lo llevó, es la que las explotaba en el contrato anterior y que presumiblemente iba a quedarse sin él en beneficio de la empresa de la mujer de Ignacio González.
Tras hacerle este favor al Ayuntamiento, el Consistorio dejó que caducara curiosamente una multa de 1,2 millones a Eulen por no hacer las obras que debía en las piscinas municipales durante los años en que las gestionó.
Según El País, al tanto de la operación de las guarderías estaba también el expresidente de los empresarios de Madrid, Arturo Fernández, implicado en la financiación ilegal del PP madrileño en el marco de la trama Púnica. Fernández declaró ante el juez Velasco que su relación con González era estrictamente “protocolaria”. Pero las grabaciones de Lezo le desmienten. Revelan que la relación entre ambos es de estrecha amistad. Arturo Fernández le pide favores a los que accede Ignacio González. Y, además, está al corriente de los negocios de Lourdes Cavero. Ignacio González señala a Arturo Fernández: “Lo de Salamanca, fenomenal… ya hemos firmado, ya hemos constituido la empresa y entran los restos (los socios inversores de Lourdes Cavero) con ampliación de capital”.
Cuando saltaron las grabaciones, el contrato de las guarderías estaba en preparación y, aunque no hubo adjudicación final, pronto se sabe que la mujer de Ignacio González vino a Salamanca a visitar las instalaciones
Cuando saltaron las grabaciones, el contrato de las guarderías estaba en preparación y, aunque no hubo adjudicación final, pronto se sabe que la mujer de Ignacio González vino a Salamanca a visitar las instalaciones, que su socia en el negocio quiso presentarse y que sólo la detención del clan impidió que pujaran por un contrato que deseaban. Si la detención del expresidente madrileño se hubiera retrasado unas semanas la justicia hubiera intervenido en el Ayuntamiento de Mañueco y hoy no sería candidato a presidir la Junta de Castilla y León.
El otro caso del que Mañueco se libró in extremis fue el de ‘Enredadera’, cuyo presunto cabecilla es el empresario leonés José Luis Ulibarri (no confundir con el difunto locutor José Luis Uribarri).
Operación Enredadera
En el caso de la operación Enredadera, Mañueco aparecía citado en unas conversaciones grabadas tras ser designado presidente regional del PP (algo que ocurrió en abril de 2017). Era porque el empresario leonés y cabecilla de la trama, José Luis Ulibarri, quería acercarse a él, para echar sus tentáculos sobre el futurible candidato del PP a la Junta. Desde entonces, también curiosamente Mañueco empezó a aparecer al lado de Ulibarri en actos organizados por los medios de comunicación del empresario leonés.
Y este año, también curiosamente, la UTE Arcor, de la que forma parte una empresa de Ulibarri, se adjudicó un contrato de 4,4 millones de euros para construir el vial de acceso al nuevo hospital de Salamanca. Unos días después Mañueco participaba en otro sarao del empresario.
Un proyecto valorado en 6,5 millones que fue adjudicado el pasado 22 de mayo en 4,4 millones, sin que el PP municipal alardeara del dinero que ahorraba a los salmantinos. Tampoco dijo a quién le había adjudicado las obras.
Por aquel entonces aquí casi nadie conocía la existencia de Ulibarri y había que explicar que no era el popular presentador de televisión de los años setenta del mismo nombre y apellido casi idéntico (Uribarri).
Un empresario que formaba parte de la unión temporal de empresas que se llevó un contrato del Ayuntamiento de Salamanca presentando lo que a todas luces parece una baja temeraria, de forma que se garantizaba tener la oferta más baja y seguramente prometiendo las mismas prestaciones que otros que no trucaron las cifras económicas.
La estrategia de presentar bajas temerarias para llevarse contratos públicos es una de las que habitualmente utilizan las tramas de corrupción. La trampa consiste en que una vez que han conseguido el contrato piden ampliaciones de crédito, llamadas ‘modificados’, porque alegan cualquier cosa para justificar un sobrecoste inesperado, cuando en realidad no hay sobrecostes, sino infravaloraciones en sus ofertas para llevarse el contrato y luego pedir lo que realmente cuesta. Y suelen conseguirlos, claro.
La estrategia de presentar bajas temerarias para llevarse contratos públicos es una de las que habitualmente utilizan las tramas de corrupción. La trampa consiste en que una vez que han conseguido el contrato piden ampliaciones de crédito, llamadas ‘modificados’, porque alegan cualquier cosa para justificar un sobrecoste inesperado, cuando en realidad no hay sobrecostes, sino infravaloraciones
La obra del vial del hospital se adjudicó el 22 de mayo y los trabajos iban a comenzar el 25 de junio, pero en realidad no avanzaron, porque se precipitaron los acontecimientos. Ulibarri fue detenido el 3 de julio y dos días después entró en prisión acusado de ser el presunto cabecilla de la trama Enredadera para conseguir contratos de ayuntamientos, fundamentalmente.
Las obras del vial seguían paradas sin que nadie diera explicaciones, hasta que el 10 de agosto la UTE que se adjudicó el contrato pidió oficialmente casi 700.000 euros al Ayuntamiento para poder afrontar el coste real del proyecto.
Con Ulibarri en la cárcel y Mañueco aún resoplando porque, de nuevo por poco, había esquivado su presunta implicación hasta las trancas en una trama de corrupción, a ver quién le daba los 0,7 millones a la UTE en la que estaba la empresa de Ulibarri.
Hasta ahora, el órgano encargado de tomar todas las decisiones en relación con la obra del vial en el Ayuntamiento de Salamanca era la Junta de Gobierno Local, algo que fue otorgado por el equipo de Gobierno del PP para tratar de agilizar los trámites al evitar que los asuntos se debatieran en el Pleno, donde el PP ya no tiene mayoría absoluta.
La decisión sobre los modificados, entre los que se encuentra esta petición de más dinero por parte de la empresa del vial del hospital, también correspondía a este órgano. “A lo mejor ahora nos estamos enterando de cuál era la intención oscura de este acuerdo”, declara el concejal de Ganemos Gabriel Risco.
El equipo de Gobierno del PP ha dejado pasar el tiempo para que se pudriera la situación, siguieran sin empezar las obras y salir a la palestra para decir que la UTE a la que adjudicó por 4,4 millones un proyecto de 6,5, es muy mala porque ha pedido 700.000 euros y lleva tres meses sin hacer nada. Y claro, no es plan de perjudicar a los salmantinos. Tocaba plegar velas.
Risco habla de una “intención deliberada” del PP municipal y del alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, de “ocultar lo que había tras este contrato”.
Y Mañueco resoplando. Otra vez se ha librado por los pelos.
La cara oculta de la gestión del PP en Salamanca:
