Opinión

Un regalo fiscal para agravio del común

Una de las medidas estrella más celebradas por el gobierno bipartito de la Junta ha sido la de bonificar al 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, para lo cual ha impulsado un Proyecto de Ley actualmente en tramitación parlamentaria. Dicha rebaja fiscal era uno de los 100 puntos incluidos en el pacto de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos que franqueó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco.

Alfonso Fernández Mañueco

Esto último de que es una exención de interés general no ha sido compartido en ningún momento ni por la izquierda parlamentaria (PSOE y Podemos) ni por los sindicatos, que, en lo que respecta a las Sucesiones (herencias) consideran que se trata de un regalo fiscal a los grandes Patrimonios a costa de mermar los ingresos de las ya de por sí exhaustas arcas autonómicas.Y muy orgulloso de esa rebaja fiscal se ha sentido el presidente de la Junta, cuya cuenta en Twitter @alferma1 ha mantenido hasta hace tres días como tweet fijado el publicado el pasado 26 de diciembre dando cuenta de la aprobación en Consejo de Gobierno del Anteproyecto de Ley “que supondrá la práctica la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Seguimos trabajando para todos”.

 Y ello es objetivamente así habida cuenta de que ya venían gozando de esa bonificación los primeros 400.000 euros de cada herencia liquidada, de forma que los únicos beneficiados por esta reforma serán los que hereden por encima de esa cuantía, es decir, una inmensa minoría de la que forman parte las grandes fortunas familiares de la comunidad.
Prueba de ello es que en 2018 tan solo fueron 815 los contribuyentes que tributaron íntegramente por Sucesiones, concepto que reportó a la Hacienda autonómica el ingreso de 169,7 millones de euros.  De ahí que no falte quien piensa que se trata de una exención realizada a la medida del influyente lobby que representa la asociación “Empresa Familiar de Castilla y León”.

El problema es que se ha estado ocultando la sorpresa que encierran las donaciones de bienes patrimoniales, tales como el de la vivienda o cualquier otro inmueble. Según han desvelado los procuradores socialistas José F. Martín y Rosa Rubio, el beneficiario de la donación no pagará nada, pero el donante estará obligado a incluir en la siguiente declaración de IRPF la ganancia patrimonial del bien donado.  La “estafa” de la rebaja del Impuesto de Donaciones.- No tenía tan descarado sesgo la bonificación del Impuesto de Donaciones entre familiares directos, que, al no gozar de ningún tramo exento, tributaba por igual cualquier contribuyente. Con una merma de ingresos muy inferior -en 2018 la Junta solo ingresó 10,5 millones por este capítulo- la medida tenía mejor venta ante la opinión pública.

 Ejemplo: Si se dona un piso que se compró en 100.000 euros y en el momento de la donación su valor se ha incrementado hasta los 160.000, el donante tendrá que tributar por el incremento patrimonial de 60.000 a razón de un tipo  que oscila entre el 19 y el 23 por ciento. Con lo cual, hará un pan como unas tortas.

José Francisco Martín y Rosa Rubio

Lo que más chirría del caso es que la Junta se dispone a renunciar a decenas de millones de euros tributados por las principales fortunas de la comunidad justo cuando mayor es su insuficiencia de recursos  para atender los principales servicios públicos que está obligada a prestar. A juicio de los socialistas, la obligación del donante de incorporar al IRPF esa ganancia patrimonial convierte en una “estafa” la bonificación de la Junta en el caso de la donación de bienes patrimoniales. Y ello termina de pinchar el globo del beneficio social de la que se ha pretendido vender como medida-estrella del actual gobierno autonómico. Tanto es así que el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, ha tenido que admitir que con la bonificación del Impuesto de Sucesiones y donaciones “no desaparecen otros impuestos que tienen que estar”.

 Se comprende que, al igual que el resto de las comunidades, ponga el grito en el cielo ante el kafkiano problema surgido con el IVA de diciembre de 2017, que ha originado un descubierto de 142 millones en las arcas autonómicas, asunto del que se ocupa ahora el nuevo tweet fijado por @alferma1. Pero el agujero financiero de la Junta es infinitamente superior y además va in crescendo. Si en 2018 cerró el año con un déficit del 0,24 por ciento (144 millones), en octubre pasado el saldo negativo ya se había disparado hasta el 0,88 (532 millones), con lo que la deuda pública se desbocará no tardando por encima de los 13.000 millones de euros.

Francisco Igea y Verónica Casado

Salvo para pagar religiosamente el canon de 82 millones anuales a la concesionaria del Hospital de Burgos, todo son penurias económicas en el Sanidad Pública de Castilla y León, incapaz siquiera de haber puesto a funcionar a estas alturas todos los aceleradores lineales donados en 2017 por la Fundación de Amancio Ortega. Por no hablar de la atención primaria rural, donde se ha llegado al extremo de pretender subsanar la falta de facultativos con la ocurrencia de impartir cursos de primeros auxilios como los ofertados en Barruelo de Santullán…Una Sanidad deliberadamente infradotada.- Y es en la consejería de Sanidad donde se localiza la mayor parte del agujero: Según las estimaciones del citado Igea, la previsión era que la Junta cerraría 2019 con un desfase de 830 millones en su gasto sanitario. La prórroga presupuestaria ha petrificado la dotación de la consejería en los 3.597 millones de euros consignados para 2018, que apenas representan ya del 6,20 por ciento del PIB autonómico.

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