Opinión

La negligencia agrieta el sistema

Aunque es un vocablo sobradamente familiar, negligencia significa descuido, falta de cuidado o de aplicación, fallo común entre los que habitamos esta tierra agreste y, sin embargo, reverenciada. Llevamos siglos juntos, a veces desencantados, con el objetivo de hacer un país libre, sin muros auténticos ni imaginarios. Es más, traspasamos el que levantó la tosquedad para llevar nuestra forma de vida a gentes con atrasos centenarios. Que actuamos negligentemente forma parte de nuestro acervo histórico; no obstante, los hechos épicos —o no tanto— acuñan una media verdad justiciera que desagravia la otra media. Sí, somos negligentes, pero nos admiraron los romanos, expulsamos a los árabes y derrotamos a Napoleón. ¿Qué no hubiéramos hecho si, por el contrario, nuestro carácter hubiera tenido desde la génesis raíces firmemente indomables?

Toda realidad es sustancia, pero su esencia —aquello que distingue una de otra— viene determinada por una marca paradójica, innata, asimismo intercambiable: cara y cruz, bueno y perverso, vida y muerte. Los españoles, como cualquier humano, hemos tenido luces y sombras a lo largo de nuestra historia. Quizás el pretérito se haya escrito con más luces o, al menos, con mayor resplandor, con más eco. No juzgo posible un desequilibrio a favor de las sombras, aunque hubo épocas de gran oscuridad. En cualquier caso, el pasado aciago conforma un hecho instructivo de gran magnitud porque aprendemos de los errores, casi nunca de los aciertos. La dificultad surge cuando nos confundimos de metodología y esa duda —disputa colectiva e indefectible por exceso de prejuicios— lleva a colisiones que frenan la convivencia y el desarrollo.

El gobierno actual ha batido, sin duda alguna, todos los registros conocidos sobre negligencia; también lidera una ineptitud insólita, ociosa, y, desde luego, ninguno como él ha mostrado acciones tan absolutamente antidemocráticas. No sería razonable que se me atribuyera acritud o exageración porque la realidad es terca e inobjetable. Ocultaciones y medias verdades favorecen importantes cuotas de negligencia. Si no hay dificultades que subsanar, sobra desvelo y vigilancia. ¿Desiderátum? ¿Laxitud? ¿Ambos?

Oposición y ciudadanía practican también de forma meticulosa —quizás inocente en el segundo caso— una negligencia menos ponderada pero igualmente perjudicial.

Está ocurriendo con dos cuestiones fundamentales: la pandemia del covid-19 y el aprieto económico resultante. Diversos informes contrastados, por tanto de imposible enmascaramiento, cifran la segunda mitad de febrero —como fecha máxima—en que nuestro gobierno tenía conocimiento de la gravedad del coronavirus. Sin proveer material sanitario se facilitaron multitudinarias manifestaciones feministas, ambas actitudes negligentes que merecieran juzgarse factor causante en millares de defunciones. Obvio, sufrimos ocho meses de mentiras indelebles.

Negligencia e ineptitud se aúnan al examinar el tema económico. Déficit, PIB y Deuda están ocultos o maquillados. Al gasto laboral (ERTEs) y social (IMV) prometido, sobre todo a este último, le han puesto tantas trabas burocráticas que lo percibirá un porcentaje mínimo para que no se dispare el Déficit. El PIB se oculta inyectando dinero público en puestos de trabajo no productivo, reduciendo paro en apariencia, que redundará en aumento sideral de la Deuda. Esta y los Presupuestos, con gasto público expansivo por exigencia de Podemos y rehala, obligará a cancelar la ayuda europea a España y, arruinados como estamos, emergen tres soluciones: Un gobierno del PSOE —tal vez sin Sánchez, y no digamos sin Podemos— con apoyos de PP y Ciudadanos para recuperar lo denegado (probable), elecciones anticipadas (improbable) y autarquía (imposible).

Pese a la gravedad de lo dicho, el gobierno bipresidencial —en un summum inquietante— ha dado pruebas inequívocas de guiños antidemocráticos, totalitarios. Aposentar una exministra, afiliada al PSOE, como fiscal del Estado es un gesto poco democrático al entenderse pieza necesaria para manejar la judicatura. Si a este primer paso añadimos los intentos de avasallar el CGPJ, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, la postura, el disfraz, se vuelve tentativa, empeño despótico. Completan o colman estas maquinaciones un Estado de Alarma, que durará seis meses, para constreñir el Parlamento y su función supervisora. Con el fin de roer e incluso finiquitar otros derechos fundamentales, se ha creado una comisión, dicen, en beneficio del ciudadano para evitarle noticias falsas. La anormalidad surge cuando es encomienda gubernamental y ella decide qué es cierto y qué falso. En el franquismo se llamaba censura, ahora lo llaman comisión de la verdad. ¡Viva el eufemismo y la farsa!

Aumenta una perceptible sensación de que no tenemos gobierno y, a lo peor, escasean las características del Estado de Derecho: Imperio de la Ley, división de poderes y legalidad de los actos de los poderes públicos, derechos y libertades fundamentales, legalidad de las actuaciones de la Administración y control judicial de las mismas. A este respecto cabe señalar el fundamento clásico de la existencia del Estado: “El Estado es la sociedad política normada judicialmente”. En otras palabras, “el Estado es el todo relacional humano organizado política y judicialmente y del cual el derecho es una parte fundamental”. Sin estos “mimbres” ni existe ni queremos Estado porque falla su cimiento: la defensa del ciudadano como individuo o como integrante social. Se impone, o está a punto, la excentricidad elitista, una extravagancia totalitaria.

Oposición y ciudadanía practican también de forma meticulosa —quizás inocente en el segundo caso— una negligencia menos ponderada pero igualmente perjudicial. Creo que, con distinta gradación, todos somos culpables del caos nacional. El ciudadano tiene un verdadero problema de disciplina racional y hábito crítico para activar operativamente su descontento. Los políticos, en cambio, deberían conformar el Estado de Derecho, básicamente los que conforman el gobierno, y no lo hacen. Insisto, en lógica reciprocidad, si el Estado me abandona mi obligación moral y política es desligarme yo de él. ¿Por qué cayeron tan rápidamente ambos sistemas republicanos en circunstancias y siglos diferentes? Aventurerismo e indignidad —observen, verbigracia, quienes van a aprobar los PGE “generosamente” remunerados— terminan por conjugar el rechazo mayoritario.

Como ejercicio (recordando mis tiempos docentes), si lo tienen a bien, les propongo tres reflexiones. Primera. Artículo 248.1 del Código Penal: “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaron engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno (últimas elecciones generales). Segunda. Palabras del rey Felipe VI: “La paz exige el valor de actuar”. Tercera. Pensamiento de Martin Niemöller: “Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”.

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