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El exjefe del Estado defraudó presuntamente a Hacienda más de 120.000 euros

El rey emérito presenta una declaración complementaria para eludir una posible condena de cárcel

El rey emérito, Juan Carlos I, ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal, porque entre 2016 y 2018 habría defraudado presuntamente más de 120.000 euros con el uso de tarjetas de crédito a las que se cargaban gastos de la familia real con fondos opacos de un empresario mexicano. Un coronel del Ejército del Aire disponía de las tarjetas para pagar regalos y gastos personales de Juan Carlos I y sus familiares, según informa El País.

 

El escrito, remitido a través de su abogado, Javier Sánchez-Junco, aún está siendo analizado por Hacienda, que debe responder en los próximos días si acepta la regularización o solicita aclaraciones y cuál es el importe a pagar.

Según han informado a El País fuentes conocedoras del caso, la declaración no está relacionada con sus posibles bienes en el extranjero, sino con el uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos I y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el supuesto uso por parte del rey emérito y de varios de sus parientes —entre los que no se encontrarían los reyes Felipe y Letizia— de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es titular. El dinero pertenecía a su amigo y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que presuntamente lo puso a disposición de don Juan Carlos sin que este lo declarara a Hacienda ni tampoco mediase donación.

El uso de las tarjetas se produjo entre 2016 y 2018, cuando el rey emérito ya había abdicado y perdido la inviolabilidad. El importe defraudado superaría los 120.000 euros en algunos ejercicios, límite a partir del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel, según explica El País.

La Fiscalía ya ha interrogado al empresario mexicano amigo del rey emérito y al coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, que fue su ayudante de campo durante una década, desde 2007 a 2017, y que disponía de las tarjetas para pagar regalos y gastos personales de Juan Carlos I y sus familiares.

Con su iniciativa ante Hacienda, el abogado del rey emérito intenta neutralizar la investigación abierta sobre este asunto en la Fiscalía del Supremo. La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales, lo que supuestamente no había ocurrido todavía, aunque el fiscal anticorrupción llevaba investigando desde 2019.

Hacienda está analizando aún el escrito presentando por Sánchez-Junco y debe decidir en los próximos días si reclama más información. Si el abogado del rey emérito lograra desactivar el caso de las tarjetas con el pago de una multa, daría un paso muy importante en el camino de despejar la maraña de investigaciones abiertas a su cliente en la Fiscalía del Supremo.

El rey emérito lleva cuatro meses en el Golfo, como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi y gobernante de hecho de Emiratos, y hasta ahora solo se conoce que haya recibido la visita de una de sus hijas, la infanta Elena. Ni siquiera se ha despejado la incógnita de si volverá temporalmente a España para pasar las fiestas de Navidad con su familia.

La declaración sobre los fondos de las tarjetas opacas deja pendiente la regularización de los posibles bienes y derechos que Juan Carlos I posea en el extranjero, al margen de los 65 millones transferidos a Corinna Larsen. Para regularizarlos, debería presentar una declaración modelo 720, según expertos fiscales.


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