Castilla y León

El Gobierno aportará un 22% más para dependencia en la región

Castilla y León recibirá un total de 167 millones de euros

El Plan de choque para dependencia diseñado por el Gobierno central para el año 2021 permitirá que Castilla y León reciba un total de 167,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 22 por ciento con respecto a 2019.  De esa cifra, 135,8 millones corresponderán al nivel mínimo y 31,7 millones del nivel acordado. Pese a este incremento, la Comunidad será una de los territorios menos beneficiados ya que el incremento del 22 por ciento es la mitad del aumento a nivel nacional (46,2 por ciento), según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

 

Ical.- La  entidad prevé que el Plan de Choque del Gobierno aumentará el dinero destinado para dependencia en todo el país en 636 millones de euros, repartidos entre los 353 millones de incremento del nivel mínimo y 283 millones de nivel acordado. Un dinero que, en el conjunto de España, posibilitará la atención de 66.305 nuevos beneficiarios y reducirá un 20 por ciento la lista de espera de la dependencia.

El incremento del nivel mínimo estimado por la asociación es de 359 millones en el nivel mínimo. La organización precisó que con esta propuesta habrá comunidades que incrementarían en el nivel mínimo de financiación en más de un cien por cien como Cantabria (135 por ciento), Valencia (126 por ciento) y Murcia (106 por ciento). En cambio, otras recibirían menos que en 2019 como Castilla La Mancha (-7,4 por ciento), Extremadura (-6,3 por ciento), Galicia (-4,1 por ciento), La Rioja (-1,9 por ciento), Castilla y León (-1 por ciento) y Madrid (-0,8 por ciento).

Eso sí, con el reparto del nivel acordado con la nueva propuesta el crecimiento habría 283,1 millones de euros más para toda España, de los que 31,7 millones serían para Castilla y León. De esta manera, la suma del nivel mínimo y el nivel acordado para 2021 ascendería en la Comunidad a 167,6 millones de euros, con un aumento de 30,3 millones con respecto a 2019. Es decir, un 22,1 por ciento más pero inferior a otras regiones. No en vano, Castilla y León estaría en la cola de territorios con menos incremento, liderado por Extremadura (6,4 por ciento), Castilla-La Mancha (15,3 por ciento), La Rioja (17,4 por ciento), Madrid (18,7 por ciento) y País Vasco (21,9 por ciento).

Además, la Asociación valoró la generalización de la teleasistencia (867.000 nuevas) el incremento de la intensidad de la ayuda a domicilio (de 32,7 horas mensuales a 38,3) el incremento de las prestaciones de cuidadores familiares (+18 por ciento) y la posibilidad de las compatibilidades. No en vano, recordó que sólo el 25 por ciento de los beneficiarios cuenta con más de una prestación. El total de gasto en estas mejoras se estima en 673 millones de euros. En el caso de Castilla y León, el aumento del coste en caso de una implantación «inmediata» y «completa» de las propuestas del Plan de choque en la situación actual del sistema de dependencia supondría un desembolso de 62,2 millones de euros. Una cantidad que se repartiría en la universalidad y gratuidad de la teleasistencia (11,2 millones), el incremento de las intensidades mínimas (22,9 millones), el aumento de las cuantías máximas (16,6 millones) y el establecimiento de las cuantías mínimas (11,3 millones).

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales subrayó, según recogió la Agencia Ical, que el Plan de Choque del Gobierno no puede reducir el presupuesto propio de los gobiernos autonómicos invertido en dependencia. Además, expuso que las comunidades que invierten por debajo de la media nacional (Canarias, Galicia, Baleares, Murcia, Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón y Madrid) deberán incrementar su presupuesto propio para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del sistema de la dependencia.

También, apostó porque los criterios de reparto, tanto del nivel mínimo como del acordado, deben ser consensuados por la inmensa mayoría del Consejo Territorial. «Teniendo en cuenta que el Plan de choque es para tres años, la prioridad absoluta en este primer año serán las comunidades que tengan un porcentaje inferior de beneficiarios sobre población o una mayor lista de espera que la media nacional como Cataluña, La Rioja, Canarias, Andalucía, Cantabria, C. Madrid, Baleares, Valencia, Navarra, Galicia, Murcia, y Asturias», expuso el informe.

Según las certificaciones anuales de las comunidades autónomas, correspondientes a 2019, la asociación recoge que el gasto de la Junta en dependencia ascendió a 489,8 millones frente a los 137,2 millones del nivel mínimo de la Administración General del Estado. Es decir, de los 627,1 millones de euros de gasto público certificado, el 78,1 por ciento correspondería al Gobierno autonómico y el 21,9 por ciento, al Estado. A  nivel nacional, sería del 83,9 por ciento y del 16,1 por ciento, respectivamente.

El Observatorio Estatal para la Dependencia, consultado por Ical, recogió el gasto por habitante certificado en Castilla y León en el año 2019 fue de 281 euros, por encima de la media nacional de 183 euros, aunque superado por los 368 euros del País Vasco y los 286 euros de Extremadura. En cuanto al tiempo medio de tramitación de expedientes de dependencia desde la solicitud hasta la resolución de prestación, la Comunidad está en la cabeza, con 199 días, solo por detrás de Navarra (155 días) y País Vasco (137). En todo caso, un tiempo muy inferior a la media nacional, que se sitúa en 426 días.


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