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Aumentan los fondos para la FP privada en Salamanca

La tercera parte de los cursos se externalizan

CCOO Enseñanza observa desde hace tiempo, con creciente preocupación, el aumento de fondos públicos dirigidos a financiar los conciertos de una etapa educativa no obligatoria como es la Formación Profesional.

 

Tanto la Formación Profesional Básica, como los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior son enseñanzas que requieren de recursos y de profesorado muy cualificado que ante la Administración ha acreditado sus competencias.

La enseñanza pública en este nivel educativo es una garantía de futuros trabajadores preparados tanto para las empresas como para la sociedad en general.

CCOO propone una Formación Profesional integrada y de calidad que responda a las necesidades personales y profesionales, lo que implica también un sistema integrado de información y orientación.

La oferta formativa de Formación Profesional en Salamanca, para el presente curso 2020-21, ha sido contratada con entidades privadas concertadas en un 37% en el caso de la Formación Profesional Básica; el 27% en los Ciclos de Grado Medio y un 20% en los Ciclos de Grado Superior. «La oferta formativa pública podría cubrir la totalidad de dicha oferta, en muchos casos, con un ligero aumento en el número de profesorado y una mejora en los recursos», indica el sindicato.

Teniendo en cuenta que la tasa de inserción laboral del alumnado que cursa Formación profesional es del 83%, considera que «la Administración debe aumentar los recursos destinados a dichas enseñanzas a través de la enseñanza pública, como garante del derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, con el fin de promover el desarrollo integral de la sociedad, debiendo estar libre de ideología y de interés económico o cualquier tipo de segregación».

Por estos motivos, desde CCOO Enseñanza Salamanca exige a la Dirección Provincial de Educación una mejora e incremento en la dotación de la Formación Profesional Pública en nuestra provincia. El aumento de plazas, la implementación en centros públicos de nuevos ciclos formativos y más recursos, «supondría una mejora en la eficiencia de la gestión de esta etapa, así como el acceso a esta enseñanza dirigida al mercado laboral sin depender del nivel económico de las familias», concluye.

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