El juez halla indicios de financiación ilegal del PP de Salamanca

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha citado a declarar como investigados por financiación ilegal del PP de Salamanca al presidente del partido, Javier Iglesias, y a la gerente de la formación, María Isabel González. En su auto, el juez considera que se ha producido una “donación anónima ilegal” de 24.000 euros para pagar las cuotas de los filiados morosos para que pudieran participar en las primarias del PP de 2017, por lo que concluye que “hay indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido”.

Mediante resolución de este Juzgado de fecha de 26 de junio de 2020 se decretó la reapertura de la causa para comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político, en los términos y a los efectos ordenados por Auto de la Audiencia Provincial de Salamanca de 8 de abril de 2020, habiéndose practicado las diligencias de instrucción e investigación pertinentes para el esclarecimiento de los hechos con el resultado que obra en las actuaciones.

El juez instructor considera probado que a fecha de 31 de diciembre de 2016 constaban 4.913 afiliados al Partido Popular de Salamanca que no estaban al día de sus cuotas desde el último congreso.

A raíz de convocarse elecciones primarias para la presidencia del Partido Popular de Castilla y León en marzo de 2017, se realiza una actualización y pago de cuotas de “afiliados morosos” entre el 10 y el 17 de marzo de 2017, dado que únicamente podían votar en las elecciones primarias los afiliados que estuvieran al corriente en el pago de sus cuotas de afiliación.

La actualización de cuotas de afiliados “se llevó a cabo a instancia del presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, mediante reuniones con cargos públicos y asesores del Partido Popular, en las que insta al pago de las cuotas de afiliados morosos, aportando los listados de afiliados morosos para tal finalidad la gerente del PP de Salamanca”, señala el auto del juez.

Agrega que “consta en las actuaciones la certificación emitida por la gerente del Partido Popular de Salamanca en la que se certifica que entre el día 31 de diciembre de 2016 y el día 17 de marzo de 2017 se amortiza una deuda por cuotas de afiliados en la suma total de 61.937 euros que supuestamente se amortizó mediante los siguientes ingresos: o cuotas abonadas por transferencias a favor de la cuenta bancaria del Partido Popular entre el 1 y el 16 de marzo de 2017 por importe total de 4.012 euros o cuotas abonadas por afiliados a través de ingreso directo en referida cuenta bancaria por importe total de 7.004 euros o cuotas abonadas por afiliados para posterior ingreso nominativo en referida cuenta bancaria por importe total de 9.431 euros o y cuotas de afiliados abonadas en referida cuenta bancaria por cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron voluntariamente en el pago de las cuotas de afiliados morosos por importe total de 41.490 euros”.

En relación a la última partida de 41.490 euros abonada en la cuenta bancaria del Partido Popular, el auto indi9ca que “se supone que responde a abonos voluntarios en el período de 10 a 17 de marzo de 2021 para pago de las cuotas de afiliados morosos, recaudándose mediante pagos voluntarios en efectivo que se entregaron para tal finalidad, y documentados en declaraciones juradas, ascendiendo a la suma total de 17.350 euros el importe de referidos abonos voluntarios (acontecimiento 206 del expediente digital), con lo que queda sin justificar la suma de 24.140 euros que ha de calificarse como donación anónima ilegal”. 

Añade que “en el supuesto de aceptarse como válidos los justificantes de cantidades extraídas de cuentas bancarias personales de cargos públicos del Partido Popular entre los días 10 a 17 de marzo de 2017, que ascienden a un total de 9.800 euros, queda sin justificar la suma de 14.340 euros (como donación anónima ilegal); e, incluso, aceptándose hipotéticamente las cantidades recogidas en documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo de 2017, que ascienden a 7.250 euros, queda sin justificar la suma de 7.090 euros como donación anónima ilegal”.

El Código penal señala que será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en la ley sobre financiación de los partidos políticos.

Los hechos anteriores serán castigados con una pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso cuando:

a) Se trate de donaciones de importe superior a 500.000 euros, o que superen en esta cifra el límite fijado en la letra b) del aquel precepto, cuando sea ésta el infringido.

b) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 7.Dos de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, que superen el importe de 100.000 euros.

Si los hechos a que se refiere el apartado anterior resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

Las mismas penas se impondrán, en sus respectivos casos, a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos de los números anteriores.

Las mismas penas se impondrán cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, una persona jurídica sea responsable de los hechos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33”.

En consecuencia, existiendo indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político previsto y penado en el artículo 304 bis, apartados 1 y 5, del Código Penal, que pudiere haber sido cometido por el PP de Salamanca (a través del representante que designe), a través de su presidente Javier Iglesias y de su gerente, a los que cota a declarar en calidad de investigados (lo que antes era imputados) el 30 de diciembre.

[box type=»shadow» align=»alignleft» class=»» width=»550px»]El PP: «El caso será archivado»

El Partido Popular de Salamanca dijo este miércoles que “la actuación realizada por todos sus cargos ha respetado siempre la legalidad vigente. Por lo tanto, tenemos plena confianza en que, tras las investigaciones por parte de la justicia, este caso sea archivado”.

Asegura que “miembros del Partido Popular de Salamanca llevaron a cabo un proceso totalmente legal, que consistió en pagar cuotas de afiliados para ponerles al corriente de pago y que, de este modo, pudiesen participar en el proceso de primarias que tuvo lugar en el mes de marzo de 2017. El pago de deudas (cuotas) de terceros está expresamente permitido por nuestro Código Civil, y su ajuste a la legalidad en el caso del Partido Popular de Salamanca ya fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca”, afirma, aunque el Tribunal de Cuentas afirma que las donaciones nominativas, como las que hay en este caso, están prohibidas.

Añade que “exclusivamente para el pago de estas cuotas, cargos y afiliados del Partido aportaron dinero de su bolsillo, de forma voluntaria y desinteresada, en un ejercicio de colaboración entre compañeros. Se pretendía hacer más democrático y abierto el proceso y que un número mayor de afiliados pudiesen participar y votar de forma libre, como así fue en realidad. El importe total de dichas aportaciones fue destinado a tal fin. Nada de lo actuado hasta ahora en el proceso de investigación judicial abierto sobre el asunto ha desmentido lo señalado”, aunque el auto del juez precisamente detecta lo contrario. [/box]