La UCO excluye a Acciona de los registros del caso Koldo

Los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a empresas presuntamente vinculadas al caso Koldo realizadas estos días han pasado por alto una de las constructoras, la de mayor tamaño y que se habría hecho con la cantidad económica más elevada, Acciona Construcción, según informa este viernes en exclusiva Cadena Ser.

Registraron, sin embargo las sedes de Obras Públicas y Regadíos, Levantina Ingeniería y Construcción y Servinabar 2000, y a Acciona le hicieron llegar solo una solicitud de requerimiento de información. Para ello, los agentes acudieron a la sede de la empresa en Madrid, donde pidieron el correo corporativo del directivo despedido en 2021, supuestamente ligado a las mordidas, Fernando Agustín Merino. Pero la información no se entregó.

La razón que ofreció Accion, el “volumen del contenido obrante en la cuenta”. La empresa dijo a la UCO que, cuando “finalizase la extracción” de la misma, cumpliría con la solicitud.

Asimismo, los agentes pidieron a la constructora cinco expedientes de adjudicación de obra pública y, en este caso, Acciona lo entregó todo, salvo dos certificaciones de dos expedientes de obra que, como el correo, permanecen pendientes para la UCO, según asegura el citado medio.

Por su parte, la UCO ha explicado a la Ser que requirió la información pertinente para cada caso. Sobre este diferenciación, el medio señala varios vínculos entre miembros de la Guardia Civil y Acciona.

Se refiere, en concreto, al exjefe de la UCO Manuel Sánchez Corbí, actual responsable de la seguridad internacional de empresa desde 2021, destituido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por pérdida de confianza.

Por otro lado, señala a una responsable de comunicación de la multinacional, Paloma Pérez de los Cobos, cuyo padre es el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que también estuvo enfrentado a Marlaska, quien frenó su ascenso a general varias veces, una decisión que finalmente contó con el visto bueno del Tribunal Supremo.