El Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes para que la justicia española actúe contra el líder de ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF).
En una votación a mano alzada, el pleno ha retirado la inmunidad parlamentaria a Luis «Alvise» Pérez, permitiendo que el Tribunal Supremo le juzgue por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert, delegada contra delitos de odio en Valencia.
La Eurocámara ha seguido las recomendaciones del informe del eurodiputado italiano Mario Furore basándose en dos puntos fundamentales:
- Sin persecución política: El Parlamento descarta el fumus persecutionis; es decir, no ve indicios de que el proceso judicial sea una maniobra para sabotear la actividad política de Alvise.
- Hechos previos al cargo: El presunto delito ocurrió entre enero y febrero de 2024, meses antes de que obtuviera su escaño en las elecciones de junio.
El levantamiento de la inmunidad no supone una condena. Alvise Pérez mantiene su escaño y sus derechos como eurodiputado; la decisión simplemente permite que el proceso judicial siga su curso.
Un segundo frente judicial en camino
Este no es el único problema legal que afronta el líder de SALF en Bruselas. El Parlamento ya tramita un segundo suplicatorio enviado por el Tribunal Supremo, esta vez por delitos mucho más graves:
- Delito electoral.
- Financiación ilegal: Por la supuesta recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas durante la campaña electoral.
Este segundo expediente está en manos de la comisión de Asuntos Jurídicos, bajo la ponencia de la eurodiputada francesa Pascale Piera (del grupo de Marine Le Pen).
A partir de ahora, será la justicia española la que determine la culpabilidad de Pérez y si estos procesos derivan en una futura inhabilitación. El eurodiputado, por su parte, aún tiene la opción de recurrir esta retirada de inmunidad ante la justicia europea.
