La Fiscalía ha solicitado el archivo definitivo de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al considerar que no existen indicios de delito tras dos años de «innumerables diligencias».
En un escrito de 48 páginas remitido al juez Juan Carlos Peinado, el Ministerio Público sostiene que los hechos investigados no cumplen los requisitos legales para ser considerados tráfico de influencias, malversación, corrupción o apropiación indebida.
La institución reprocha al instructor una «deliberada confusión» de los hechos y critica que se intente criminalizar la actividad profesional de Gómez basándose exclusivamente en su relación conyugal con Pedro Sánchez, algo que, según subraya el texto, no puede operar como una presunción de culpabilidad ni de influencia delictiva.
El Ministerio Público es especialmente crítico con la falta de concreción de las acusaciones, señalando una «vaguedad» constante y un intento forzado de interrelacionar delitos sin pruebas sólidas.
En este sentido, la Fiscalía ironiza sobre la tesis del juez respecto a la Cátedra de Transformación Social en la Universidad Complutense, calificando el proceso como el caso de corrupción «menos rentable» conocido, dado que no se ha acreditado que los investigados se hayan beneficiado de dinero público.
Para la Fiscalía, el magistrado está forzando la conexión entre actividades cotidianas y profesionales para dibujar una suerte de «trama criminal» inexistente, advirtiendo finalmente que cualquier posible irregularidad administrativa en las contrataciones no debe derivar automáticamente en un proceso penal ante la ausencia total de elementos que lo justifiquen.
