La Audiencia Nacional vivió este lunes una jornada clave en el caso Kitchen marcada por el cierre de filas de la antigua cúpula del Partido Popular y el relato del asedio que sufrió la familia Bárcenas. La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el senador Javier Arenas coincidieron en desvincularse por completo de cualquier operativo parapolicial, negando conocer la existencia de la llamada «policía patriótica» o de maniobras para espiar al extesorero Luis Bárcenas.
Sáenz de Santamaría, que tuvo bajo su mando el CNI, sostuvo que solo tuvo noticia de la operación Kitchen a través de los medios de comunicación y fue tajante al asegurar que jamás dio instrucciones para investigar a ningún particular ni tuvo constancia de la situación fiscal de Bárcenas durante su etapa en el Ejecutivo.
En la misma línea, Javier Arenas rechazó las acusaciones del extesorero sobre el manejo de fondos opacos. El senador negó haber visto el acta notarial que, según Bárcenas, recogía la contabilidad extracontable del partido, admitiendo que, aunque su amistad se rompió en 2012 tras conocerse las cuentas en el extranjero, no siente «ninguna intranquilidad» ante la posible existencia de grabaciones sobre sus encuentros.
Precisamente sobre esos audios -hoy desaparecidos- pivotó la declaración de Guillermo «Willy» Bárcenas. El hijo del extesorero relató cómo su padre le confesó la existencia de grabaciones en el despacho de Mariano Rajoy donde se hablaba de «algo de la caja B», un material que, según su testimonio, habría motivado el clima de «acoso y derribo» que sufrió su familia.
Willy Bárcenas describió una atmósfera de vigilancia constante, con motoristas siguiendo sus pasos, y recordó con especial tensión el asalto de un falso cura a su domicilio, un episodio que calificó como el envío de un «sicario».
Según explicó, tras aquel incidente la actitud del chófer de la familia, Sergio Ríos, cambió radicalmente, pasando de ser una persona de confianza a mostrar un interés sospechoso por los asuntos privados de los Bárcenas.
Con estas declaraciones, el tribunal cierra una sesión de contrastes entre el «no me consta» de los responsables políticos y el relato de espionaje de los perjudicados, a la espera de que el próximo jueves comparezca el abogado Javier Iglesias para arrojar luz sobre los vínculos entre el partido y el entorno del tesorero.
