La Audiencia Nacional ha eximido definitivamente al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de toda responsabilidad penal en la causa sobre la fortuna oculta de su familia en Andorra.
Tras someterlo a un examen forense y mantener una entrevista personal con él este mismo lunes, el tribunal presidido por el magistrado Ricardo de Prada ha acordado el archivo de las actuaciones contra el exmandatario por «demencia sobrevenida».
Los magistrados han concluido que Pujol, de 95 años, sufre un deterioro cognitivo agravado por episodios previos de ictus que le impide afrontar el juicio con pleno conocimiento de sus capacidades y ejercer su derecho a la defensa. Con esta decisión, el expresident ha abandonado la sede judicial sin cargos, quedando fuera de un proceso en el que la Fiscalía solicitaba para él nueve años de prisión.
Tras la salida de Pujol, la sesión se ha reanudado con el interrogatorio de su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, señalado por la Fiscalía como el gestor de las supuestas comisiones ilegales de la familia.
En su declaración, el hijo mayor ha intentado desvincular a su padre de la gestión del patrimonio andorrano, asegurando que el origen de los fondos se remonta a un legado de su abuelo en 1977, quien le confesó «vagamente» que a la familia no le faltaría nada. Según su versión, fue él mismo quien asumió el control de los fondos por orden de un familiar y en una reunión donde estaban presentes sus hermanos y su madre, pero no su padre, recalcando que el expresident nunca les explicó cómo se había generado ese dinero.
La jornada ha finalizado de forma abrupta tras más de tres horas de interrogatorio, cuando un Jordi Pujol Ferrusola visiblemente agotado ha solicitado la suspensión de su comparecencia hasta el martes.
El tribunal ha aceptado la petición del acusado, quien llegó a bromear con que, de seguir, el fiscal le acabaría dando «una paliza».
Este martes continuará su declaración, a la que seguirán las de sus seis hermanos, todos ellos acusados de integrar una supuesta organización ilícita destinada a lucrarse mediante adjudicaciones públicas y contratos amañados durante las décadas de mandato de su padre al frente de la Generalitat.
