El cerco judicial sobre el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se estrecha. El juzgado de Tarragona que instruye la causa contra el exdirigente del PP ha dictado un mandamiento para analizar con lupa seis cuentas bancarias vinculadas a Montoro y once depósitos de su exdirector de gabinete, Felipe Martínez Rico.
La medida abarca un periodo de veinte años y surge tras una alerta de la Agencia Tributaria: varias entidades bancarias habrían entregado información parcial o insuficiente sobre los investigados.
La justicia busca determinar si Montoro utilizó su cargo en el Ministerio (2011-2018) para dictar legislación a medida para clientes de Equipo Económico, el despacho que él mismo fundó en 2006.
Los puntos críticos del auto judicial:
- El papel de las gasistas: Empresas como Messer, Praxair y Air Liquide habrían contratado al despacho para lograr reformas legales fiscales favorables. Sus directivos están citados a declarar entre el 30 de abril y el 12 de mayo.
- Pagos bajo sospecha: Aunque no han aparecido pagos directos a altos cargos, Hacienda ha detectado transferencias llamativas. Destaca un pago de 3.950 euros al hermano del exministro, Ricardo Montoro, realizado en 2014, cuando este ya no formaba parte del despacho.
- Posible blanqueo: El juez sospecha de la existencia de un entramado de empresas utilizado para «blanquear» los beneficios de estas actividades presuntamente ilícitas.
La información obtenida por los Mossos d’Esquadra no se quedará en un solo escritorio. El magistrado ha ordenado que los informes resultantes sean compartidos con la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la UCO de la Guardia Civil.
El instructor subraya que existe una clara «fragmentación y diferimiento» en los ingresos realizados por las empresas gasistas, con pagos repartidos en diferentes cuentas bancarias, lo que refuerza la necesidad de este rastreo histórico para desentrañar el flujo real del dinero.
