El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado el tono contra los recientes acuerdos de gobernabilidad entre el Partido Popular y Vox. A su llegada a la cumbre informal de la Unión Europea en Nicosia (Chipre), Sánchez ha calificado de «involución» la implementación de la prioridad nacional en Extremadura y Aragón, asegurando que esta medida fractura los principios fundamentales del Estado de derecho.
Para el jefe del Ejecutivo, los pactos suscritos por María Guardiola y Jorge Azcón atentan directamente contra la Carta Magna. Sánchez ha centrado su crítica en dos puntos:
- Discriminación: Afirma que la prioridad nacional «viola» el principio de igualdad entre españoles.
- Respuesta legal: El presidente ha avisado de que el Gobierno de España «actuará con todo el peso de la ley» ante cualquier normativa autonómica que vulnere los derechos ciudadanos.
«Es un auténtico desastre para los intereses de Extremadura, Aragón y de España», sentenció Sánchez, lamentando que el proyecto de la derecha y la ultraderecha sea, a su juicio, un retroceso para la nación.
La ‘Operación Kitchen’ y la corrupción
El presidente también aprovechó su intervención para valorar la reciente declaración de Mariano Rajoy en el juicio de la ‘Operación Kitchen’. Sánchez definió esta operación como un «intento de obstrucción a la Justicia» para proteger a la dirección del PP de investigaciones por financiación irregular.
En su comparativa estratégica, Sánchez marcó distancias entre la gestión de su gabinete y la de la etapa popular:
- Fin de la «policía patriótica»: Sostuvo que estas prácticas desaparecieron tras la moción de censura de 2018.
- Asunción de responsabilidades: Acusó al PP de «amparar y respaldar» a Rajoy en lugar de desmarcarse de la trama.
- Contraste con el PSOE: Aunque sin citar explícitamente el ‘caso Koldo’, defendió que su partido responde con «máxima contundencia y proporcionalidad» ante casos de corrupción propios, colaborando siempre con la Justicia.
Sánchez concluyó su comparecencia exigiendo al Partido Popular que abandone el «amparo» a los antiguos responsables y asuma responsabilidades políticas por los hechos investigados en la Audiencia Nacional.
