El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer a petición propia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las últimas investigaciones judiciales que afectan a su entorno y al PSOE. El anuncio coincide con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los recientes requerimientos de información de la Guardia Civil en la sede central de Ferraz por el ‘caso Leire Díez’. La comparecencia se producirá previsiblemente la semana del 22 de junio, tras la visita del Papa a España y la celebración del Consejo Europeo.
La cita en el hemiciclo todavía no tiene una fecha cerrada en el calendario, pero fuentes parlamentarias apuntan a la semana del 22 de junio. La comparecencia se encuadrará de este modo entre varios hitos clave:
- Del 6 al 12 de junio: Visita oficial del papa León XIV a España.
- 18 y 19 de junio: Reunión del Consejo Europeo en Bruselas, del cual Sánchez también informará en las Cortes.
- Declaración judicial: El debate tendrá lugar después de que José Luis Rodríguez Zapatero declare ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien le investiga por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
Denuncia de «persecución»
A pesar de la gravedad de la situación, Pedro Sánchez ha manifestado desde Roma que mantiene su total respaldo al expresidente, vinculando el escenario actual con el ‘caso Plus Ultra’. Tras asegurar que ha leído el auto de imputación, el jefe del Ejecutivo afirmó que no ve «elementos ni motivos» para cambiar la posición del Gobierno o del PSOE. No obstante, ha prometido una «colaboración absoluta» con la justicia tras los registros llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista.
En paralelo, el ala socialista del Gabinete ha cerrado filas argumentando la existencia de una campaña de acoso. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha denunciado abiertamente una estrategia para «derribar al Gobierno» mediante filtraciones interesadas y el uso de determinadas acciones judiciales.
La iniciativa de Pedro Sánchez para comparecer se ha solapado con una petición idéntica registrada de forma conjunta por varios de sus aliados parlamentarios habituales: ERC, Podemos, BNG y Compromís. Las fuerzas de izquierda exigen luz y taquígrafos sobre la deriva judicial del socio mayoritario de la coalición.
El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha calificado de «auto demoledor» las últimas novedades del ‘caso Leire Díez’ y ha urgido al presidente a aclarar de forma inmediata qué actividades realizaban dirigentes clave del partido como Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, actual gerente de la formación, Leire Díez, exmilitante socialista en el centro de la investigación.
La presión sobre La Moncloa no solo llega por el flanco izquierdo. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha elevado notablemente el tono al dar la legislatura por «agotada» debido a los escándalos de presunta corrupción. Esteban ha exigido formalmente a Sánchez la convocatoria de elecciones generales para este mismo año por «interés general», aunque ha descartado que los nacionalistas vascos vayan a apoyar una moción de censura.
Por su parte, desde Junts, el diputado Josep Maria Cruset ha asegurado que el PSOE sufre de «pánico» ante unas eventuales urnas y ha acusado al PP de prolongar deliberadamente la agonía del Ejecutivo al no presentar una moción de censura para desgastar aún más la figura del presidente.
