La Audiencia Provincial de Badajoz ha acogido este jueves la primera jornada del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz en 2017. La sesión de cuestiones previas ha estado marcada por el respaldo de la Fiscalía a la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal, un argumento con el que la defensa ha ido más allá para solicitar la nulidad total de la causa penal.
La expectación ante la llegada del hermano del jefe del Ejecutivo central al tribunal extremeño se ha traducido en un fuerte despliegue de seguridad en los alrededores de la sede judicial. Ante la presión mediática, David Sánchez ha optado por acceder al edificio por la puerta trasera.
En el banquillo de los acusados le acompaña Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE de Extremadura, acusado de haber facilitado los sucesivos nombramientos de Sánchez en la corporación provincial, primero como coordinador de actividades de los conservatorios y posteriormente en el área de Artes Escénicas.
El giro de la Fiscalía
La fiscal del caso, Begoña García Boró, ha modificado el rumbo inicial del proceso al alinearse parcialmente con las tesis de la defensa respecto a la caducidad de los cargos:
- Pena de multa, no inhabilitación: El Ministerio Público sostiene que el delito de aceptación de nombramiento ilegal está castigado únicamente con penas de multa de tres a ocho meses. Al ser calificado como un delito leve, la fiscalía determina que prescribió al año de cometerse en 2017.
- Retirada de cargos para Gallardo: La fiscal ha solicitado desestimar este mismo cargo para el expresidente de la Diputación por indefensión, al considerar que la imputación por la contratación de otro cargo (Luis Carrero) supuso una «acusación sorpresiva» en el escrito final sin que el político extremeño hubiese sido oído formalmente como investigado durante la instrucción.
Pese a este descarte, la fiscal ha defendido de forma tajante la «imparcialidad» de la jueza instructora frente a los ataques y sospechas vertidos por las defensas. Cabe recordar que David Sánchez se enfrenta todavía a una petición de tres años de prisión por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y el citado nombramiento ilegal.
La defensa alega que la causa «está podrida»
El abogado defensor de Sánchez, el letrado Emilio Cortés Bechiarelli, ha solicitado formalmente la nulidad de la apertura del juicio oral empleando una metáfora rotunda: «La raíz de este procedimiento está podrida».
Cortés Bechiarelli ha fundamentado la petición de archivo en la debilidad del origen del caso, recordando que la denuncia inicial fue interpuesta por el sindicato Manos Limpias en mayo de 2024. Según el abogado, aquella denuncia pivotaba sobre delitos contra la Hacienda Pública, malversación y fraude que «ninguno aparece ahora en el escrito de acusación de las acusaciones populares». El letrado ha calificado de «llamativo» que el caso se sustente únicamente en un compendio de «recortes de prensa, pantallazos del boletín provincial» y conjeturas sobre el absentismo laboral de su representado.
