La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso de reforma contra la decisión de convocar la audiencia preliminar fijada para el próximo 9 de junio. El escrito censura con dureza la gestión del magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, al que acusa de acelerar el procedimiento de forma desproporcionada y de vulnerar los derechos fundamentales de la investigada al rechazar sistemáticamente sus pruebas.
El abogado de Begoña Gómez, el exministro Antonio Camacho, ha solicitado formalmente la suspensión cautelar de los trámites procesales. La defensa argumenta que el juez Peinado ha impuesto una «velocidad de crucero» al calendario judicial que resulta incompatible con las garantías de un Estado democrático. Según el texto, el instructor parece actuar «como si tuviera excesiva prisa» por finalizar la fase de instrucción y sentar a Gómez en el banquillo de los acusados ante un jurado popular.
La representación legal considera anómalo que se avance hacia la vista del 9 de junio -donde también están citados el empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez– sin esperar a que la Audiencia Provincial resuelva primero los recursos pendientes contra la propia apertura del procedimiento de jurado.
Denuncia de «quiebra de igualdad de armas»
El recurso denuncia de forma explícita un desequilibrio procesal en la causa, argumentando que el juzgado ha denegado la práctica totalidad de las diligencias planteadas por la investigada.
La defensa sostiene que se ha producido una «quiebra del principio de igualdad de armas» debido a dos decisiones del instructor:
- Bloqueo de informes periciales: El juzgado ha rechazado la ratificación de tres informes técnicos solicitados por la defensa para contradecir los ejes centrales de la acusación, mientras que los informes de los acusadores sí han sido admitidos.
- Asimetría en los testimonios: El escrito resalta el contraste entre la admisión de decenas de testigos propuestos por las acusaciones particulares y el veto a las comparecencias solicitadas por Gómez.
El testimonio del codirector de la cátedra
Para contrarrestar la acusación de delitos como corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida, la defensa califica de «error jurídico de primer orden» el rechazo a la comparecencia de José Manuel Ruano.
Ruano, que ejerció como codirector de la cátedra universitaria junto a Begoña Gómez, es definido en el recurso como un «testigo natural y necesario» que jamás ha prestado declaración en la causa. El letrado insiste en que nadie mejor que él puede esclarecer el funcionamiento real, la estructura y los resultados de las actividades académicas bajo sospecha, por lo que privar a la defensa de esta declaración resulta «profundamente lesivo».
Con este movimiento técnico, la defensa busca que la Audiencia Provincial intervenga de nuevo para redefinir el ritmo de la causa antes de la fecha clave del 9 de junio, momento en el que el juez instructor pretende dar el carpetazo definitivo a la instrucción para elevar los cuatro presuntos delitos a un tribunal de jurado.
