Opinión

El terror como falso argumento para limitar derechos

 

La finalidad última de un Estado debe ser la de garantizar los derechos de sus ciudadanos, velar porque cada uno de ellos puedan disfrutarlos todos, y vigilar que la correspondencia entre derechos y deberes se cumple para que ese Estado funcione.

 

Entre esos derechos que debemos disfrutar como ciudadanos, están el de la libertad, el de la seguridad, el de la educación, el de la sanidad,… Es curioso cómo el decantarse por uno u otro de manera prioritaria, genera una concepción de la sociedad peculiar. En estos días, la titular del Ministerio de Defensa, sra. de Copedal, nos ha ofrecido su visión de la sociedad exaltando el derecho de la seguridad por encima de los demás, afirmando en un titular aireado en múltiples medios que: “Si no tenemos garantizada la seguridad, da igual tener garantizada la sanidad pública o el subsidio por desempleo”.

Vivimos tiempos difíciles, complicados, donde unos pocos pretender extender el terror y el miedo sobre otros muchos, para imponer su ideología. Las fuerzas armadas de las principales capitales europeas están en estado de máxima alerta, en previsión de posibles atentados, como el que acabamos de vivir hace unos días en Londres. Se han desactivado células terroristas con un programa de muerte indiscriminada ya diseñado. Corren por redes sociales avisos anónimos donde se alerta de posibles atentados en los lugares más concurridos y de forma indiscriminada. El estado de alerta, miedo y desazón cunde entre los ciudadanos europeos.

Pero esta circunstancia de asesinatos masivos e indiscriminados, extremadamente dañinos tanto para nuestra vida diaria como para la convivencia en el plano internacional entre culturas, no debe hacernos perder la auténtica perspectiva de los derechos individuales que disfrutamos. Hay que buscar la máxima seguridad para todos los ciudadanos, pero sobreponer la seguridad a la libertad o la igualdad, es concebir una sociedad donde prima el control a la decisión libre y al trato igualitario.

Por eso, “lo diga Agamenón o su porquero”, hay que recalcar una y otra vez aquello que los liberales del XIX gritaban sin cesar allá donde corrían peligro la defensa de los derechos individuales: ante el menoscabo de cualquiera de ellos, debe prevalecer siempre el de la igualdad por encima de todos. Incluso por encima del de la libertad: porque si no somos iguales, jamás podremos ser libres; porque ser libres sin ser iguales, es menguar la libertad de cada uno.

De ahí que quiera recordarle a la muy excelentísima sra. de Cospedal, en tanto que Ministra de Defensa, que no es el valor de la seguridad el que genera y ampara a los otros: sino el de la igualdad. Y que solamente desde su promoción podremos desarrollar el resto. Acabamos de cerrar probablemente el siglo más sangriento de la humanidad. Por Europa han vagado fantasmas de odio y de terror de un extremo a otro, tanto a nivel geográfico como ideológico, generando escenarios impensables de aniquilación de millones de individuos, y de la supresión de los más inviolables derechos. Pero si algo deberíamos haber aprendido era que la convivencia justa entre ciudadanos no viene de la mano de la seguridad, sino de la igualdad. Y no vamos a apelar a ejemplos que el avispado lector ya tiene en mente.

Evidentemente vivimos tiempos de miedo y de terror, de sangrientos y aleatorios asesinatos llevados a cabo por individuos sin respeto alguno a esos derechos que nosotros sí les reconocemos; pero eso no debe ser motivo para que el Estado pretenda rescindir ni limitarlos nuestros. No está la seguridad por encima del resto de derechos, sra de Cospedal, sino la igualdad. Curiosamente ese derecho que su Gobierno maltrató y vilipendió en Castilla La Mancha, logrando reducirlo y limitarlo a niveles desconocidos desde la llegada de la democracia en ámbitos como fueron la educación y la sanidad, sometiéndole en ese caso al valor de la economía (de los números y las cuentas).

Los políticos son hijos de su tiempo y de la sociedad a la que gobiernan, ya que por sus propios ciudadanos han sido elegidos. Pero, ni la legitimidad de las urnas ni las circunstancias por las que pasamos por muy tremendas que sean, pueden llevar al silencio de quienes nos consideramos liberales al estilo del XIX, exigiendo el respeto por todos los derechos individuales, y la implicación del Estado en el trabajo diario para que imperen en cada uno de todos los ciudadanos. No es admisible que los representantes públicos quieran aprovechar estas circunstancias de miedo y de terror colectivo, para limitar, rescindir o subordinar nuestros inalienables derechos.

Por: Eugenio Luján Palma

 


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