Opinión

La gran transformación de los servicios públicos (II)

Cuarenta años que cambiaron a España (1978-2018)

Dejábamos este artículo la semana pasada en el comienzo justo de la andadura 1978/2018, de 40 años, de la Constitución Española. Con los previos Pactos de La Moncloa, que permitieron un cierto control de la inflación, así como la modernización y democratización de las principales instituciones económicas españolas.

Efectivamente, los Pactos de La Moncloa ayudaron a recorrer la senda de la propia configuración de la nueva Ley de Leyes, en las Cortes Constituyentes de 1977 a 1979. Nuestra primera Constitución hecha por consenso de las fuerzas políticas en presencia. Empezándose, con la mejor de las decisiones, por elaborar un proyecto previo, que fue hecho con las aportaciones de siete ponentes (los padres de la Constitución), que reflejaron en el texto lo que por entonces era el arco parlamentario.

Proclamada la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras el referéndum nacional del 6 del mismo mes (hoy fiesta nacional), España se adentró en un periodo de no pocas dificultades. Todavía como consecuencia del primer choque petrolero de 1973, con su triple crisis de altos precios del crudo, el subsiguiente marasmo industrial por la caída del consumo, y las duras consecuencias financieras, de muchas empresas que hubieron de cerrar, o mantenerse, por años, en números rojos. Un panorama que lejos de mejorar, se encrespó con el segundo choque petrolero de 1979-80: si en el primero el precio del crudo (Brent actual) se pasó de 3,5 a 14 dólares/barril, en 1978/79 se subió de 14 a 32, un alza en verdad explosiva para toda la economía. Así las cosas, la estanflación fue el fenómeno dominante entre 1978 y 1982, con altos precios, y lento crecimiento del PIB.

La llegada de una cierta recuperación empezó a verse con la adhesión de España (simultáneamente con Portugal) a la Comunidad Europea, el 1 de enero de 1986. Tras 16 años de vigencia del Tratado Ullastres (suscrito con la CEE en 1970), que fue una gran primera aproximación que tuvimos a la integración europea.

Ya con la adhesión a la CE, el panorama se hizo mucho más favorable. Por la fuerte revalorización de los activos españoles, que estaban muy por debajo de la media europea, en inmuebles y en toda clase de productos financieros. Además, se produjo una fuerte oleada de inversiones extranjeras hacia España, por lo que significaba el hecho de habernos convertido en un país situado dentro de un mercado de más de 300 millones de consumidores. Además, España pronto comenzó a recibir fuertes transferencias de los Fondos Estructurales de la CE, que permitieron un fuerte avance del sector agropecuario (FEOGA), una dotación muy elevada de recursos para infraestructuras (FEDER primero y Fondo de Cohesión después), así como una serie de ayudas notables para ajustes sociales (FSE).

Todo lo hasta aquí expuesto, permitió un avance importante en la prestación de servicios públicos por la Administración Española, las empresas públicas y las entidades concesionales. Si bien es cierto que en 1998 se produjo, el 14 de diciembre, la huelga general más seguida por los ciudadanos en toda la historia del país. Porque el funcionamiento de las prestaciones desde la Administración no era el que se esperaba en términos de transporte (Iberia, Renfe, etc.) o en las prestaciones por educación (insuficientes plazas escolares), o en lo relativo a la sanidad pública (hospitales), o a la Seguridad Social (pensiones, invalideces, etc.), etc.

Desde los Pactos de La Moncloa en 1977 se pasó del 27 por 100 de presión fiscal al 38 sobre el PIB: teníamos un Estado con mucho mayor volumen de recursos para tener más y mejores infraestructuras y servicios públicos más organizados y de mayor entidad. Ya sí que podía hablarse de una mejora global de la sanidad, la seguridad social, la educación, los transportes, las comunicaciones, etc.

Esos problemas acuciantes –en medio de no pocos casos de corrupción, llegando a hablarse del Estado cleptocrático—, fueron paliándose a partir de 1990, y ya en 1992, había emergido un Estado más innovador, con la triple demostración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo Universal de Sevilla (con el primer AVE), y la Capitalidad Cultural de Madrid. Mejoró mucho el funcionamiento infraestructural de toda la economía y al mismo tiempo, la propia autoestima de los ciudadanos.

Un nuevo gran salto adelante, esta vez en los servicios financieros, se dio desde 1998, con el nacimiento de la moneda única para la UE, el euro, cuando se decidió que once países de la Unión (ya lo era desde 1993 con el Tratado de Maastricht), tendríamos un único medio de pago, con resonancia universal en la senda a equipararse con el dólar. Con una nueva situación monetaria, al aplicarse efectivamente los criterios de Maastricht, de bajo déficit público, menor emisión de Deuda, inflación contenida y, en definitiva, estabilidad monetaria.

Todo ello en un nuevo contexto económico, pues desde los Pactos de La Moncloa en 1977 se pasó del 27 por 100 de presión fiscal al 38 sobre el PIB: teníamos un Estado con mucho mayor volumen de recursos para tener más y mejores infraestructuras y servicios públicos más organizados y de mayor entidad. Ya sí que podía hablarse de una mejora global de la sanidad, la seguridad social, la educación, los transportes, las comunicaciones, etc. El Estado y sus aledaños eran ya un proveedor de prestaciones que hacía pensar en un mejor funcionamiento de todo el estado y del propio sector privado.

No seremos panglossianos. No diremos como Pangloss, en el Candide de Voltaire que hoy, después de 40 años de Constitución, “vivimos en el mejor de los mundos posibles”. No se trata de eso: hemos mejorado mucho, pero todavía queda mucho por hacer; y no es cuestión de pensar que ya hemos alcanzado un nivel en el que podemos situarnos tranquilamente de manera indefinida. Porque la mejora tiene que ser continua, la innovación permanente, la aplicación de las nuevas tecnologías de manera inmediata, etc. Adicionalmente, la ciudadanía está hoy mejor preparada para exigir más y mejor. Y la respuesta desde la Administración, con los servicios públicos tiene que ser del más alto nivel. Y a eso nos dedicamos en la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP), que junto con el Congreso de los Diputados organizó la jornada del 8 de octubre en la Sala Ernest Lluch.

De nuevo hemos de atender muchas variables de cara al futuro, y de ellas nos ocuparemos en la tercera y última entrega de este artículo sobre Cuarenta años que cambiaron España (1978/2018).

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