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El Gobierno subirá impuestos a las rentas altas y grandes empresas

Reducirá las desgravaciones de los planes de pensiones privados

El Gobierno incluirá en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 ajustes fiscales para subir en dos puntos el IRPF a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros anuales y reducirá las desgravaciones de los planes privados de pensiones.

 

Servimedia/Ical.- Así lo anunció este martes el vicepresidente segundo del Ejecutivo y secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, durante el acto conjunto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para presentar las líneas generales del proyecto de cuentas públicas, que el Consejo de Ministros aprobará este martes para iniciar en las próximas semanas su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde serán negociados con el resto de formaciones políticas.

En concreto, Iglesias anunció que el proyecto de PGE de 2021 incluirá la subida del Impuesto de Sociedades para los grandes grupos empresariales y la limitación de las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales; subida de un punto en el Impuesto de Patrimonio para patrimonios de más de diez millones de euros; subida de tres puntos en el IRPF para rentas de capital superiores a 200.000 euros anuales; incremento de dos puntos en el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros anuales; establecer una tributación mínima del 15 por ciento para las socimis; y reducción de las desgravaciones de los planes de pensiones privados.

Estas medidas se suman a las que el Gobierno ya había anunciado previamente en el Plan Presupuestario que remitió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre, como el impuesto a las transacciones financieras, conocido como ‘tasa Tobin’, con el que Hacienda prevé recaudar 850 millones de euro; el impuesto sobre determinados servicios digitales -‘tasa Google’-, cuya estimación de ingresos es de 968 millones de euros; el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso (previsión de 491 millones de recaudación); y la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del diez actual al tipo general del 21 por ciento (estimación de 340 millones de euros a ingresar).

Medidas de gasto

En lo relativo al gasto, Sánchez puso en valor que el Gobierno realizará “la mayor inversión social de nuestra historia”, con 239.765 millones de euros, un 10,3 por ciento más respecto a las anteriores cuentas, y tanto él como Iglesias indicaron distintas medidas de gasto.

En este sentido, según indicaron ambos dirigentes, en Educación y Formación Profesional, habrá un incremento del 70,2 por ciento, y la Formación Profesional contará con 1.500 millones de euros para los próximos cuatro años. Además, se aumentará un 80 por ciento la inversión en I+D+i y el Ministerio de Ciencia e Innovación tendrá una dotación presupuestaria de 3.232 millones, casi un 60 por ciento más.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contará con 11.935 millones de euros para ejecutar políticas verdes; las inversiones en infraestructuras aumentarán en un 114,8 por ciento, con 6.161 millones de euros más que en el ejercicio anterior; las partidas destinadas a la industria y energía se incrementarán en 5.689 millones de euros; y las ayudas al comercio, al turismo y a las pymes registrarán un aumento del 150 por ciento, con 1.338 millones de euros más para 2021.

Asimismo, las partidas totales en vivienda se incrementan en 1.772 millones, un 367,9 por ciento más; las partidas para Agricultura, Pesca y Alimentación aumentarán en 781 millones de euros; y el presupuesto de Cultura aumentará un 25,6 por ciento; se aumentará un 20 por ciento la partida de cooperación al desarrollo.

En lo que respecta al sueldo de los empleados públicos, aumentará un 0,9 por ciento. Las pensiones de las personas jubiladas también se incrementarán en esa misma cantidad, en línea con la previsión de IPC, mientras que las pensiones no contributivas crecerán hasta el 1,8 por ciento.

Por su parte, Sanidad contará con 3.064 millones de euros más, un aumento del 151,4 por ciento, contando con 2.436 millones de euros del fondo europeo ‘React EU’ para la compra de vacunas y refuerzo a la atención primaria. En cuanto a la partida destinada a combatir la pobreza infantil, contará con 60 millones de euros más, al incrementarse en un 59 por ciento.

Además, el acuerdo presupuestario incluye el incremento en cinco puntos del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), al que se referencian muchas ayudas y prestaciones públicas; una inversión de 2.000 millones adicionales en las políticas activas de empleo; 200 millones para modernizar los servicios sociales; y 250 millones para becas universitarias.

Así, Iglesias ensalzó que el anteproyecto va a suponer “un refuerzo histórico de la sanidad pública, la investigación y el desarrollo” y dedicará 6.000 millones a la transición ecológica y las energías renovables. Como ejemplos de las partidas del ámbito competencial de su ministerio, mencionó el refuerzo de la atención a la dependencia con un 46% más de aportación del Estado, 600 millones; 700 millones euros de los fondos europeos a atención a los mayores, “transitando del modelo de residencias al de la atención domiciliaria”; que se dedicarán 200 millones a la educación de 0 a 3 años, otros 300 a igualar el permiso de maternidad y paternidad de 16 semanas y 200 más a apoyar la conciliación con cuidadores profesionales “como primer paso para construir un sistema de cuidados”.

Además, PSOE y Unidas Podemos se comprometen a llevar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de vivienda en el plazo de cuatro meses que incluya el control de los precios de los alquileres.

Respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), su partida contará con 3.017 millones de euros, y las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición han acordado que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones impulsarán tres enmiendas para mejorar la prestación. Para ello, incluyen, entre otras medidas, que se tenga en cuenta los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso para poderla conceder y reduce de tres a dos años de vida independiente los que las personas menores de 30 años tienen que demostrar para poder tener derecho a la prestación.


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