[dropcap]A[/dropcap]l gobierno copilotado por el nefando tándem que forman el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el vicepresidente Francisco Igea le vino muy bien políticamente la primera fase de la pandemia. Le sirvió para relegar a un segundo plano su falta de gestión y su deriva hacia la política de tierra quemada impulsada por el pirómano vicepresidente, plasmada en la voladura del consenso básico PP-PSOE mantenido durante los primeros 36 años de existencia de esta comunidad autónoma.
De entrada, sin contar con el PSOE, grupo mayoritario en las Cortes Regionales, Mañueco e Igea promovieron una reforma del Estatuto de Autonomía de antemano condenado al fracaso, ya que su aprobación requería una mayoría cualificada imposible sin la adhesión de los socialistas. Después pusieron en marcha, de forma igualmente unilateral, una reforma de la atención primaria en el medio rural, el “Plan Aliste”, que conllevaba el cierre de la inmensa mayoría de los 3.600 consultorios rurales, que desde entonces, por mor de la pandemia, de hecho están cerrados, al igual que están privados de atención presencial la totalidad de los centros de Salud, rurales y urbanos.
Paralelamente, el vicepresidente ponía en marcha una reforma legislativa “ad hoc” para suprimir la mayoría cualificada requerida para aprobar los mapas de Ordenación del Territorio, a fin de poder imponer dichos mapas sin contar tampoco con el PSOE. Y por si lo anterior no fuera suficiente, Igea iniciaba su particular cruzada contra el Diálogo Social, considerado una “seña de identidad” por el anterior gobierno autonómico, que de hecho le otorgó carta de naturaleza elevándolo a rango de Ley. El primer gran encontronazo del vicepresidente con los sindicatos se produjo con ocasión de la jornada de huelga convocada por estos ante la negativa de la Junta a cumplir el acuerdo firmado para restituir la jornada semanal de 35 horas a los funcionarios y empleados públicos de la Administración Autonómica.
Por esa senda transitaba el gobierno bipartito PP-C´s antes de que el Covid-19 irrumpiera en escena. En plena convalecencia de la primera ola de la pandemia, cuando el coronavirus se había cobrado ya alrededor de 4.000 víctimas en Castilla y León, al gobierno Mañueco le sobrevino su primera crisis interna al dimitir el consejero de Empleo, Germán Barrios, hastiado de soportar las injerencias y zancadillas, como no, del vicepresidente. Y Mañueco, en lugar de acotar el alcance de dicha crisis al mero relevo del consejero dimisionario, consintió que Igea entrara a saco en la consejería para colocar nuevos afines -el viceconsejero, David Martín, ya lo era- en el equipo de la amiga Ana Carlota.
Los que ahora consideran irresponsable plantear una posible moción de censura en plena pandemia pusieron en mayo patas arriba la consejería de Empleo justo cuando se tramitaban más de 30.000 ERTES que afectaban a unos 170.000 trabajadores.
Incomprensiblemente, el PSOE de Luis Tudanca, en función de una lealtad institucional pésimamente entendida , miró para otro lado ante el desastre de las residencias sin exigir su esclarecimiento en una comisión de investigación que la situación pedía a gritos .En lugar de ello se prestó a firmar a mediados de junio un pacto-trampa “por la reconstrucción” que la Junta rápidamente instrumentó como ejemplo de una política de diálogo y consenso que desde el primer momento había brillado por su ausencia. El PSOE no tardó en darse cuenta del engaño político y se descolgó de ese pacto, solicitando después, tarde y mal, la comisión de investigación sobre las residencias, impedida por la mayoría parlamentaria que suman PP y C´s, que tienen muchas vergüenzas y responsabilidades que tapar en ese luctuoso capítulo. Con el gobierno Sánchez asumiendo en solitario el coste político del estado de alarma y de las restricciones inherentes al mismo, la Junta de Castilla y León no sufrió ningún desgaste durante los primeros meses de la pandemia. Incluso salió completamente indemne del tremendo fiasco en las residencias de ancianos, muchas de ellas convertidas en ratoneras sin salida en las que a primeros de junio se habían producido más de 1.700 defunciones, sin que que buena parte de los fallecidos tuvieran ocasión de ser hospitalizados, ya que una instrucción conjunta de las consejerías de Sanidad y Familia lo impidió (Meses después, en diciembre, obligada por el Comisionado de la Transparencia, la consejería de Familia reconoció que seis de cada 10 fallecidos por Covid en residencias de ancianos perdieron la vida sin haber sido trasladadas a ningún centro hospitalario).
Hasta que a la vuelta del verano, Pedro Sánchez, que había pasado las de Caín para sacar adelante las últimas prórrogas del estado de alarma, decidió acallar los reproches de las comunidades autónomas hacia la actuación centralizada y unilateral del gobierno de la Nación impulsando una cogobernanza mediante la cual los gobiernos autonómicos dispondrían de un amplio margen para modular las medidas a adoptar en sus respectivos territorios. A partir de ese momento, el coste de las restricciones y demás medidas impopulares dejaba de recaer exclusivamente sobre el gobierno central, pasando a ser compartido por los de las comunidades autónomas, responsables directos de implementarlas. Sin ningún desgaste en la gestión de la pandemia y con la oposición socialista autodesactivada, el gobierno Mañueco campó a sus anchas durante los primeros meses de pandemia, sin sufrir coste político alguno pese a que su actuación dejó mucho que desear desde el primer momento.
El punto de inflexión.- Y ese es un punto de inflexión en el que empieza a cambiar el cuento. La Junta de Castilla y León se ve abocada a enfrentarse a sus responsabilidades y su presidente, hasta entonces parapetado tras el vicepresidente, se ve obligado a salir de su zona de confort y a tener que dar la cara.
No es que resulten muy fiables determinados sondeos (ya se sabe que en esto el que paga manda, pague directa o indirectamente) y menos si afectan a la Junta y se encarga de realizarlos “Sigma Dos”, firma con la que mantiene estrechos vínculos el vicesecretario de Relaciones Institucionales, José Miguel Elías, alto ejecutivo de la compañía hasta que pasó a ocupar su actual cargo.
Mañueco era el único político de la comunidad que aprobaba en el sondeo realizado por “Sigma Dos” a mediados de octubre por encargo nunca se ha sabido de quien (la agencia Ical difundió sus resultados sin informar quien lo había encargado). Y a mediados de diciembre se daba a conocer otro sondeo de misma demoscópica, en este caso encargado por Castilla y León TV, en el que Mañueco volvía a ser el único político aprobado y el PP se disparaba en intención de voto hasta el 37 por ciento, 5,2 puntos por encima de su resultado electoral en 2019, sobrepasando al PSOE, que en su día le superó en las urnas con 3,3 puntos de diferencia.
Los sectores agraviados y damnificados por la errática y caótica actuación de la Junta son ya legión. Los más conocidos son la hostelería y el comercio en toda su dimensión (grandes, pequeñas y medianas superficies), pero son muchísimos más, entre otros los gimnasios, las empresas dedicadas a las actividades extraescolares y al deporte escolar, los 36.000 afectados por ERTES excluidos de la ayuda complementaria aprobada en su día sin suficiente consignación presupuestaria, los católicos que se han sentido atacados por la limitación del aforo en los lugares de culto, el mundo de la Cultura y los espectáculos, etc. etc. Sin olvidar por supuesto al abnegado personal sanitario, escarnecido a mayores por el infame “decretazo”, y a los diversos colectivos que se consideran discriminados por los volubles criterios adoptados en la actual campaña de vacunación. Desconozco el grado de sesgo de dichos sondeos, pero desde entonces a acá no hace falta encargar otro para sospechar que la cadena de despropósitos a la que hemos asistido -desde la desdichada estrategia seguida para “salvar las Navidades” al fiasco del adelanto del toque de queda- ha deteriorado y mucho la imagen política del presidente Mañueco (la de Igea ya andaba por los suelos y ha caído después a los sótanos).
Aún así, hay quien considera -se diría que en la lógica de la fatídica ley de Murphy- que la gestión la Junta no sería mejor si se hiciera cargo de la misma un gobierno socialista surgido de una hipotética moción de censura. “Ni de lejos es evidente que una alianza entre PSOE y Ciudadanos –de gobierno o de investidura– mejoraría sustancialmente la vida de los castellanos y leoneses en un momento tan crítico y difícil como éste”, escribía ayer el director de “El Norte de Castilla”, Ángel Ortiz, en su carta dominical. Desde luego empeorarla, no sería tarea fácil. Se desprende que el tránsito desde el antiguo “L´Osservatore herreriano” hacia “El pensamiento alfonsino” puede darse por completado, ello a mayor gloria del atribulado presidente de la Junta, quien, por mucho blindaje mediático de que goce, está atrapado entre las llamas de los continuos incendios provocados por el pirómano al que decidió encomendarse.