Carbayo detalla cómo fue la caza y captura de Fuentes

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha declarado este miércoles en la Audiencia Provincial como denunciante en la causa que imputa al exasesor municipal José María Fuentes (responsable de organizar el congreso de ‘los jeques’, el Peace City World) de los delitos de falsificación en documento oficial y estafa, por haber presentado documentación presuntamente falsa para acceder al cargo.

Sobre los hechos, el primer edil ha asegurado ante el juez que conoció las irregularidades a través de la prensa y que, a partir de ese momento, se inició el proceso para resolver el contrato, es decir, más de dos años después de su contratación.

Entre los pasos que se realizaron a este respecto, ha destacado la elaboración de un dossier con noticias al respecto y documentos que contenían las posibles falsificaciones. Después se decidió llevar a cabo la citana resolución y se planteó exigir un resarcimiento por daños y perjuicios, pues durante el tiempo en el que el acusado estuvo trabajando (algo más de dos años) el Ayuntamiento le fue abonando las facturas correspondientes a sus servicios de asesoramiento cada seis meses.

Asimismo, Carbayo ha explicado que el pliego de condiciones recogía que los candidatos debían presentar “titulaciones académicas y profesionales” para demostrar la “solvencia técnica” de cada candidato, pero no ha precisado si era necesario o no un grado o antigua licenciatura.

También ha declarado no saber qué labores desempeñaba exactamente Fuentes: “ignoro los detalles de su trabajo”, ha sentenciado. Además, ha insistido en que las funciones de este asesor externo especializado en proyectos estratégicos dio lugar a “cero inversiones en la ciudad de Salamanca” y “cero resultados” hasta el momento.

Si durante el proceso de selección se hubiera descubierto cualquier falsificación en los documentos presentados por el adjudicatario, el Ayuntamiento no lo habría elegido, ha confirmado el alcalde, pues ha declarado que “sin solvencia técnica no era posible la adjudicación al señor Fuentes”. Carbayo ha asegurado que no intervino de forma directa en el proceso de contratación.

En cuanto al número de aspirantes, el alcalde ha confirmado que fueron ocho. Del total, siete eran empresas, por lo que nos presentaron títulos universitarios, sino sólo documentación que acreditaba su experiencia.

Ante las preguntas de la defensa de Fuentes sobre fotografías públicas en las que el líder municipal aparece junto al exasesor, el primer edil ha dicho “ignorar” si esos actos en los que ambos están presentes fueron fruto del trabajo del acusado.

También ha confirmado que el Pleno fue informado de la prórroga del contrato de Fuentes (a los dos años iniciales se le sumó uno más) y le dio luz verde, pero sostiene que desconoce más detalles al respecto.

La decisión de hacer la denuncia jurídica la tomó el propio alcalde tras asesorarse con el servicio jurídico municipal, al comprobar que los hechos podrían tener implicaciones penales para el ahora acusado, ha recordado Carbayo.

Firma de contrato y transferencias

También ha acudido como testigo el que fue concejal de promoción económica cuando Fuentes estuvo contratado, Juan José Sánchez Alonso (Ciudadanos). Él recuerda haber firmado el contrato con el exasesor y que el documento se lo facilitaron desde la sociedad de turismo. También ha dicho encargarse de rubricar las transferencias de las facturas a través de las que el Ayuntamiento le pagaba por “las actividades que realizaba de asesoramiento”. Estas siempre iban acompañadas del informe que justificaba las actuaciones, algo que también han confirmado técnicos municipales ante el juez.

Sobre lo que pagó el Ayuntamiento a través de esta facturas, Sánchez ha explicado que se le daba “lo que venía estipulado en el pliego de condiciones” y que “no había más dietas”. Y, a la pregunta de si hubiera firmado las facturas si hubiera conocido la supuesta falsificación de los documentos presentados por Fuentes (un certificado de notas y un otro del pago del título de licenciado en Economía de la Universidad de Salamanca -Usal- de 1995) ha respondido “rotundamente no”.

Documentos compulsados

También ha acudido como testigo Ana Isabel Hernández Sáchez, técnica de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica, órgano al que Fuentes asesoró mientras trabajó para el Ayuntamiento. Fue ella quien compulsó los documentos que este miércoles funcionarios de la Usal han ratificado como falsos y que, según asegura, le entregó el ahora acusado. Ella los selló como válidos tras cotejarlos con los facilitados como originales, de los que no dudó “en ningún momento”.

Además, el hecho de que hubiera otros documentos posteriores acreditando títulos y los méritos expuestos en el currículum hicieron que no se planteara su posible falsedad. “Actuamos con confianza de que la documentación era correcta”, ha dicho.

Otro de los representantes del equipo de gobierno municipal durante la contratación de Fuentes que ha declarado como testigo ha sido el exconcejal de Turismo Fernando Castaño (Ciudadanos), quien no participó en el proceso de contratación, pero sí en los pliegos, según ha señalado.

Sobre si era necesario o no que el candidato tuviera titulación universitaria, el que edil de ‘tabernas’ ha relatado que el Consejo de Administración de la sociedad municipal que entonces presidía decidió que no, porque lo importante del elegido era el proyecto técnico que presentara, lo que determinaría si sería capaz de “aportar ideas o no”.

Compañeros de colegio

Por su parte, Fuentes y Castaño ya se conocían, según ha apuntado este último quien, sin embargo, ha dicho desconocer si el antiguo asesor era o no licenciado en Economía y tampoco recuerda si le animó a presentarse al proceso selectivo. “No sé ni siquiera lo que presentó. Estudié con él en los Maristas, pero era de otro curso”.

Asimismo, el antiguo edil de Turismo planteó la situación al secretario municipal cuando se conoció que Fuentes era el elegido, por si su relación personal supusiera algún problema, y dicho técnico le dijo que no había de qué preocuparse porque la contratación era “un hecho debido”, por lo que debía tramitarse independientemente de esa circunstancia.

Comenzó la carrera, pero no terminó

En cuanto a la versión de la Usal, su anterior rector, Ricaro Rivero, ha confirmado que el acusado comenzó la carrera de Economía, pero no la terminó y que, aunque no recuerda qué asignaturas no superó, sabe que tiene más de 40 créditos pendientes.

Respecto a la documentación falsa que supuestamente presentó Fuentes, técnicos del Estudio salmantino han explicado que este tipo de documentación debe pasar a través de una aplicación interna de la Usal, de los secretarios técnicos a los académicos, un proceso que no habría tenido lugar en el caso del exasesor.

Si era imprescindible o no una titulación académica y, en concreto, universitaria para desarrollar el puesto es algo sobre lo que los testigos han dado distintas versiones. Mientras Castaño la considera innecesaria, otros, como la técnica municipal que hizo el seguimiento del contrato de Fuentes, María Inmaculada Vicente, ha ratificado que “no era era necesaria una titulación específica, pero sí es cierto que para acreditar la solvencia técnica se exigía una titulación académica” que, a su entender “debería ser universitaria”.

Los jeques: “personas honorables”

Por su parte, el acusado ha aprovechado su turno al final de la vista para insistir en que su trabajo ha tenido “resultados” para Salamanca y que sus frutos no sólo se pueden medir a través de “inversiones”. Como ejemplos, ha señalado contactos con China, la Unesco y el hecho de que “aún están usando mis diagnósticos para decidir qué hacer o no en el Ayuntamiento”. También ha defendido el congreso Peace City World, el de ‘los jeques’, que reunió a “personas absolutamente honorables”, y no “tíos disfrazados”.

La acusación aumenta la pena

Por otra parte, la acusación ejercida desde el Ayuntamiento ha aumentado la pena que pide para Fuentes. En concreto, solicita 2 años y 6 meses de prisión (antes proponía 1 año y 2 meses) por el delito de falsedad en documento público. Por estafa exige, además, 3 años de cárcel y, en ambos casos, sendas multas de 12 euros mensuales durante 11 meses.