Casi 66.000 anuncios “ilegales” de viviendas turísticas alojados en Airbnb han quedado bloqueados en cumplimiento un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que respalda la iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy.
En los últimos meses, Consumo ha enviado tres resoluciones a la plataforma exigiendo la retirada de 65.935 de sus anuncios por “incumplir las diferentes normativas sobre viviendas de uso turístico”, como ha detallado este lunes el Ministerio. Los pisos incumplían la normativa de autonómica y todos son “viviendas completas de uso turístico”, no “anuncios de habitaciones individuales”.
Para el ministro Bustinduy, la eliminación de los anuncios es “una clara victoria para quienes luchan para proteger el derecho a la vivienda”. Asimismo, se ha alegrado de que “cuando se actúa con voluntad política y con determinación para poner orden en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones”.
Por su parte, Airbnb recurrió esta decisión ante la Justicia para evitar el bloqueo. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre la primera resolución, que apoya las actuaciones de Consumo y obliga a la multinacional a eliminar 5.800 de estos anuncios de “manera inmediata”. Quedan pendientes los otros dos requerimientos y, dado que “los argumentos son los mismos”, se procederá del mismo modo, según prevé Bustinduy.
En cuanto a las localizaciones de las viviendas anunciadas que y que han resultado retiradas, estas están ubicadas en seis comunidades autónomas, concretamente Andalucía, Comunidad de Madrid (unas 15.000), Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.
