¿Mafia o democracia? Que miren a Salamanca

El Partido Popular ha convocado una concentración en Madrid bajo el lema: ¿Mafia o democracia? Encabezada por Alberto Núñez Feijóo y secundada por un buen número de dirigentes del partido. La pregunta es provocadora, sí, pero también profundamente irónica, viniendo de una formación cuya historia reciente está atravesada por prácticas muy alejadas de lo que se entiende por transparencia, rendición de cuentas y limpieza institucional. Porque si algo define al PP, más que la autocrítica, es la habilidad para convertir los privilegios en norma y la impunidad en escudo.

Ver a Feijóo manifestándose en nombre de la democracia mientras lo acompañan figuras condenadas, imputadas o directamente señaladas por su silencio cómplice, es una imagen que retrata, sin quererlo, el verdadero estado de una parte del sistema político español. Un partido condenado como beneficiario a título lucrativo en la trama Gürtel, con antecedentes de sobres en negro, uso partidista de las cloacas del Estado, manipulación mediática y campañas construidas sobre bulos, no puede erigirse en defensor de la legalidad sin que el gesto resulte ofensivo.

No se trata solo de pasado. Las amistades que incomodan, pero no se rompen, siguen pesando. Uno de los casos más alarmantes es el del propio Feijóo y su relación con el narcotraficante gallego Marcial Dorado. Durante años, Feijóo intentó minimizar el vínculo alegando que desconocía las actividades delictivas de Dorado cuando viajaban juntos en yate. Pero fue el propio Dorado quien desmintió esa versión, diciendo: “¿Quién duerme en tu casa y tu mujer le prepara café por la mañana?”. Una frase sencilla, pero demoledora, que desmonta cualquier intento de distanciamiento. No era una relación superficial ni de coincidencia casual, había confianza, cercanía y conocimiento. Y, sin embargo, el líder del PP nunca ha dado una explicación política convincente. Silencio. Como en tantos otros casos.

En esa lógica de protección mutua se encuadra perfectamente el caso de José Antonio Bermúdez de Castro, actual diputado por Salamanca y vicepresidente Segundo de la Mesa del Congreso de los Diputados. Su nombre apareció en su día relacionado con un episodio que resume a la perfección esta cultura política: la pérdida de un sobre con dinero en efectivo en una cafetería de Santa Marta de Tormes. Tiempo después, también se le vinculó con las investigaciones sobre la financiación del PP de Castilla y León, cuando presuntamente realizó aportaciones en efectivo para saldar cuotas de afiliados morosos en las primarias que aupaban a Alfonso Fernández Mañueco. En ambos casos, ni una dimisión, ni una disculpa, ni una explicación clara. Solo continuidad, protección y aforamiento. Así funciona la estructura: aferrados al cargo y blindados desde dentro del propio Parlamento.

Mientras se sacan pancartas en nombre de la democracia, no se ha visto una sola en recuerdo de los 7.291 mayores que murieron sin recibir atención sanitaria durante la pandemia en residencias de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. Personas descartadas por su edad, víctimas de protocolos de exclusión, abandonadas sin asistencia médica. Esas muertes no generaron movilizaciones ni comunicados. Fueron tratadas como un daño colateral que no merecía memoria. Ningún dirigente del PP se presentó en su nombre, ninguno les dio voz. Esos miles de ciudadanos no estarán en la concentración, no porque no quieran, sino porque ya no pueden. Murieron sin ayuda mientras quienes hoy se movilizan por la democracia miraban hacia otro lado.

Y si se baja el foco a lo local, el patrón se repite. En Salamanca, el Partido Popular ha hecho de la administración un engranaje clientelar. La Feria de Día es un ejemplo evidente de cómo lo público se instrumentaliza en beneficio de unos pocos. Las tarifas impuestas, 690 euros para los socios de la Asociación de Empresarios de Hostelería y 1.400 para el resto, son claramente discriminatorias. No son fruto del azar ni de un error técnico, sino de un diseño orientado a favorecer a los cercanos y castigar a los independientes. Además, hay que recordar que un espacio público en precario no puede mercadearse o privatizarse como si fuera un bien privado. Así se gobierna: premiando la obediencia y excluyendo a quien no se pliega al sistema.

Lo mismo ocurre con el Multiusos Sánchez Paraíso, convertido en símbolo de opacidad y de adjudicaciones bajo sospecha. Un espacio público que funciona como si fuera una concesión privada, donde las condiciones de gestión, los criterios de cesión y los beneficios para la empresa responsable están cubiertos por un velo de opacidad. A esto se suman perdones de deudas millonarias a empresas concesionarias, decisiones adoptadas entre bastidores, y una clara falta de igualdad de trato entre empresas afines al poder y las que no lo son. La ley parece tener dos velocidades, una para los amigos y otra para el resto.

Mientras tanto, los problemas reales de la ciudadanía siguen sin respuesta. No hay transporte público digno para los barrios periféricos, no se construyen centros de día suficientes, no hay becas para estudiantes que lo necesitan. Pero sí hay autobuses fletados con fondos y estructuras del partido para movilizar simpatizantes a Madrid. Porque cuando se trata de propaganda, el PP sí actúa con rapidez y recursos. No importa que la ciudad esté por barrer si la foto en la capital sale bien.

Quienes hoy agitan la palabra democracia deberían mirar primero a su alrededor. A los contratos que se adjudican sin claridad, a las terrazas que ocupan calles enteras sin criterio común, a los mayores que murieron sin voz, a los hosteleros expulsados por no comulgar con la patronal afín, a los ciudadanos que no pueden pagar la entrada a su propia fiesta, a las amistades incómodas que nunca se rompen. Y después, si les queda algo de vergüenza, que vuelvan a hacerse la pregunta: ¿Mafia o democracia?

Por. Chenche Martín Galeano