Los organismos internacionales insisten en que la crisis será peor si las personas comienzan a huir a zonas donde no pueda llegar la ayuda humanitaria
Las guerras son, por excelencia, los escenarios o contextos donde más derechos humanos son violados, pues los asesinatos, abusos o torturas se vuelven habituales en ellas. Sin embargo, dentro de estos desoladores panoramas siempre encontramos algunos que resultan más terribles que otros. Este es el caso de la guerra que se lleva viviendo unos 30 años en la República Democrática del Congo, donde se calcula que seis millones de personas han podido ser asesinadas, muchas de ellas mujeres que también fueron violadas, y miles de niños esclavizados en minas de coltán, diamantes, uranio, cobre o cobalto.
Y precisamente esto, la extracción de minerales en una de las zonas más ricas de África, es la causa por la que continúan estas muertes y violaciones de derechos humanos. Pero en el continente vecino no somos conscientes de esta realidad, ni parece que hagamos nada por pararla. Si bien el motivo detrás de esto puede ser que todos los minerales obtenidos de esta zona de África están siendo utilizados en tecnología: coches eléctricos, ordenadores, teléfonos móviles o placas fotovoltaicas, entre muchos otros.
En 1994, tras el genocidio de Ruanda, aproximadamente 1,2 millones de refugiados llegaban al Congo, momento en el que comenzarían los enfrentamientos entre ambas nacionalidades. Surgió de este conflicto el movimiento 23 de Marzo (o M23), un grupo rebelde militar conformado en su mayoría por tutsis, que maniobra en el este del Congo, en la provincia de Kivu, llegando en noviembre de 2012 y en enero de 2025 a tomar la capital, Gomá.
A finales del pasado año 2024, expertos de la ONU reflejaban en un informe que Ruanda comercializa los minerales obtenidos de las zonas del Congo, en su mayoría de la provincia de Kivu, lo que parece alumbrar una cooperación entre el gobierno de Ruanda (e incluso el gobierno de EEUU y de otros países de Europa) y este grupo armado.
De esta posible coalición de países y de la aportación de armas a M23 provienen los más de 2.000 cadáveres que se han enterrado en el noreste del Congo y en sus alrededores en tan solo unos días entre enero y febrero de 2025, resultado de los combates entre el grupo y el ejército congoleño. Aunque la cifra que ofrecía la ONU era de 900, el propio Gobierno congoleño ofrecía estos datos bastante más elevados, a los que se suman casi 3.000 heridos, que eran admitidos en centros médicos entre el 26 y el 30 de enero. Además, se denuncian los secuestros que se están dando para obligar a los jóvenes a que se unan al movimiento terrorista.
Todo ello ha acrecentado la tensión entre los países vecinos, Ruanda y el Congo, acusando este primero al ejército congoleño de cooperar con las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), otro grupo armado fundado por algunos líderes del genocidio y otros ruandeses exiliados.
Los enfrentamientos y la reciente toma de las capitales de Kivu Norte y Sur, además de las muertes han traído consigo el desplazamiento de casi un millón de personas, quienes huyen de la violencia implantada por el grupo M23.
En la capital de Kivu Sur, Bukavu, Médicos sin Fronteras reportaba hace unos días que uno de sus trabajadores fallecía a causa de las heridas provocadas por las balas, y también destacaban su preocupación por posibles enfermedades infecciosas como el cólera.
No obstante, tras su entrada en Bukavu, el líder de M23 amenaza con llegar a la capital Kinsasa. Mientras, los soldados del ejército del Congo desatan el pánico en Uvira, donde los vecinos denunciaban disparos entre ellos y otro grupo aliado de Kivu del Norte. Uvira se encuentra a menos de 30 kilómetros de la capital de Burundi, país enemigo de la República Democrática del Congo, y a pesar de ello 40.000 civiles y al menos 500 soldados congoleños han cruzado la frontera para refugiarse. Estas personas, según Acnur, han llegado en muy mal estado y, en ocasiones, han sido desplazados internamente en su propio país antes de poder cruzar la frontera.
Los organismos internacionales insisten en que la crisis será peor si las personas comienzan a huir a zonas donde no pueda llegar la ayuda humanitaria, pues debemos puntualizar que en Gomá sí hay presencia de la ONU, que, de hecho, resultaba fundamental en 2012 al recuperar el gobierno, 10 días después de la toma por el grupo terrorista.
Por. Lucía Rubio García, defensora de los Derechos Humanos
