La aporofobia en España está en auge, Amnistía Internacional condena las políticas gubernamentales aporofóbicas y discriminatorias que avivan el problema e infringen los Derechos Humanos.
2025 marca dos décadas desde que Rosario Endrinal fuese prendida fuego en un cajero de La Caixa de Barcelona. ¿Su crimen? Ser pobre.
La aporofobia es, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “El odio o rechazo a las personas en situación de pobreza”. Representa una conculcación de la dignidad humana que integra diferentes niveles de gravedad, desde “la invisibilización, los insultos o las vejaciones, hasta las agresiones físicas, sexuales u homicidios.” Según el “Informe sobre la evolución de delitos de odio en España”, publicado por el Ministerio del Interior, el año 2023 registró 18 casos de discriminación a la pobreza. Esta cifra supone un incremento con respecto a 2022, que contó con 17, y a 2021, que contó con 10. En cuanto a las cifras del 2024, el Ministerio del Interior estimó que las denuncias por aporofobia aumentaron un 33%. Esta tendencia al alza de la aporofobia en nuestro país no es fortuita. Es el resultado de un conjunto de políticas gubernamentales que insuflan las prácticas discriminatorias hacia personas desfavorecidas.
Estas medidas suponen una amenaza real a los Derechos Humanos que Amnistía Internacional defiende y son cada vez más frecuentes. Muchas de ellas buscan “higienizar” las calles de sus ciudades. Su objetivo es crear una ilusión de idilio urbano que atraiga el turismo y la inversión extranjera. Las normativas más directas incluyen multas y sanciones por dormir en la calle, como es el caso de la Ordenanza de Alicante, promulgada por su Ayuntamiento. Estas disposiciones, además de ser impopulares, infringen el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este defiende la garantía de la no discriminación a los seres humanos, en este caso, en razón de su nivel socioeconómico.
Sin embargo, otras medidas son más indirectas. Por ejemplo, no son infrecuentes los casos de arquitectura hostil en nuestras ciudades. Este tipo de diseño urbano se caracteriza por modificar el espacio público con el fin de excluir y desplazar a las personas pobres o en situación de calle. Bancos con divisores, superficies con pinchos y bolardos de metal son las elecciones más comunes. Dichas prácticas se encuadran en una voluntad más amplia de determinados ayuntamientos de reubicar a las personas de bajos recursos en barrios periféricos o “guetos”. Tales espacios tienen la particularidad de encontrarse lejos de los centros económicos y sociales de la ciudad, apartados de los ojos de posibles turistas o grandes inversores.
Los procedimientos citados, aparte de infringir el ya nombrado artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, violan el artículo 1, que asegura la igualdad en dignidad de todos los seres humanos, y el artículo 25, que garantiza el derecho a una vivienda y saneamiento adecuados.
Es razonable considerar que políticas de esta índole incrementan el grave problema de la aporofobia en España. Sin embargo, no son la única razón de su auge. Campañas de desprestigio y desinformación en las redes sociales o simplemente comportamientos discriminatorios cotidianos, como ignorar y evitar el contacto visual con las personas en situación de calle o proferir insultos y juicios de valor negativos contra ellos, son igual de determinantes.
Además, es sorprendente que la mayoría de esfuerzos y recursos por parte de determinados ayuntamientos españoles se dirijan hacia la ocultación de la cuestión de la pobreza. Desde Amnistía Internacional se percibe que dichas iniciativas deberían focalizarse en áreas como el acceso a la vivienda, el saneamiento, la educación, el acceso al mercado laboral, el tratamiento de las adicciones y la lucha contra la desigualdad y la pobreza en general.
A modo de ejemplo, programas como los de “Housing First” (o “La Vivienda Primero”) se destacan como modelos efectivos de medidas de sinhogarismo no aporofóbicas. Estos se caracterizan por proporcionar viviendas a determinadas personas en situación de calle, generalmente con problemas mentales o adicciones graves. Un punto distintivo que poseen con respecto a enfoques anteriores es que no siguen el modelo tradicional de “intervención en escalera”, que implicaba que los participantes fuesen previamente alojados en un albergue. Los resultados de 43 estudios realizados en países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia revelan que el sinhogarismo y las adicciones se redujeron significativamente en estos proyectos. Los cambios observados, además, fueron durables en el tiempo y no se desplomaron tras varios meses de haber sido aplicados. En el caso de “Housing First Europe”, su iniciativa de Amsterdam reportó un 97% de permanencia de los casos estudiados en las viviendas asignadas tras 12 meses del inicio del proyecto. En Copenhague y Glasgow se registraron niveles de retención del 94% y 92% respectivamente. El camino está marcado.
Por. Daniel Cano Sánchez, defensor de los Derechos Humano
