Opinión

La rebelión castellana. Cinco siglos de memoria

 

Hace algo más de quinientos años, Carlos, el pretencioso hijo de la reina Juana, llegaba a Castilla, rodeado de sus arrogantes consejeros flamencos, sin otro interés por el reino que el de convertir a sus ciudades en meras oficinas recaudatorias de fondos con los que sufragar su inminente nombramiento como emperador.

Nadie pensaba que los recelos originados durante la presencia de Carlos en las Cortes de Valladolid, originarían una rápida contestación a sus exigencias fiscales que cristalizarían más tarde, en un movimiento que pondría en jaque toda la estructura social y política heredada de la Edad Media.

Carlos quería ser emperador; cargo que precisaba un importante desembolso de dinero para desbancar al otro candidato, el rey de Francia, y mucho más dinero para mantener la política imperial posterior. Las fuentes de financiación de la aventura imperial de Carlos I, fueron dos: los impuestos a Castilla (600.000 ducados iniciales) y los préstamos de los banqueros alemanes, que por supuesto no devolvió de su bolsillo. Pero había, un problema; para sufragar estos costes, Carlos tenía que recibir la aprobación de las Cortes en las que se hallaban representadas las ciudades castellanas cuyas economías se encontraban mermadas desde 1517 por algunas epidemias y malas cosechas. 

Aunque el fundamento inicial de la rebelión comunera era de tipo fiscal, rápidamente evolucionó hacia una protesta transversal sobre la situación social y el papel de Castilla en el entramado imperial. El completo desconocimiento de la personalidad de Castilla que tenía el príncipe Carlos, su incapacidad para expresarse en la lengua del país, sus codiciosos asesores extranjeros (a quienes pretendía nombrar en los principales cargos sufragados con el erario castellano), y sus exigencias de nuevos impuestos con los que acceder a su status imperial, provocaron la alerta en las ciudades con derecho a voto.

Para orgullo de Salamanca quedará el haber sido la primera ciudad en manifestar por escrito, su oposición a las pretensiones de Carlos y la primera ciudad en bautizar con el término “comunidad” al hermanamiento de ciudades castellanas y de sus capas sociales contrarias al sometimiento de Castilla.

La historia es conocida. A petición de los regidores salmantinos, los frailes franciscanos, agustinos, y dominicos, elaboraron una misiva, con el conjunto de exigencias que habrían de plantear los procuradores en las Cortes que habría de convocar Carlos. Dichas reclamaciones, iban desde  el control de las finanzas del reino, a la negativa al pago de nuevos servicios (impuestos), o a lograr que la designación de cargos públicos recayera exclusivamente en naturales de Castilla.

La carta, dirigida a Zamora, y de la que se dio traslado a todas las ciudades representadas en Cortes, contenía además una advertencia asombrosa para el lenguaje y el contexto político de la época: en caso de que el rey se negase a tener en cuenta las peticiones formuladas, “las Comunidades tomarán en sus manos la defensa de los intereses del reino.”.

Las comunidades (!). Esta expresión que aparece por primera vez en la carta salmantina, no se utilizó de forma espontánea. El hispanista francés, Joseph Pérez, incluía en dicho concepto, no sólo a las colectividades locales, los municipios y grandes instituciones con responsabilidad en la vida nacional, sino también al pueblo, el común, la masa popular.

Desde la llegada de Carlos, el debate político originado entre los regidores de Toledo y otras ciudades castellanas estaba evolucionando rápidamente. La virtualidad de la carta salmantina es que por primera vez se documenta por escrito la existencia de una feroz oposición al futuro emperador. Empezaban a delimitarse perfectamente los bandos y el campo de batalla ideológico. A un lado, el derecho al bien común defendido por las ciudades, al otro los intereses dinásticos del soberano. A un lado la comunidad, al otro el imperio.

A pesar de la evidencia, el torpe Carlos, pesimamente asesorado, no sólo despreció las reclamaciones de las ciudades, sino que minusvaloró su capacidad de maniobra. El recién designado emperador, eludió convocar las Cortes, en tierra llana como querían los frailes salmantinos y las ciudades con derecho a voto en Cortes, se vieron obligadas a enviar a sus representantes a Compostela, si bien, con el mandato expreso de rechazar los impuestos requeridos por Carlos.

Fallida la intentona regia de obtener el servicio en las Cortes de Compostela, se convocaron unas segundas Cortes, días después, en La Coruña. A finales de abril de 1520, los manejos y la compra de voluntades perpetrada por los consejeros de Carlos, -las mismas prácticas que le habían allanado el acceso a la corona imperial- hicieron posible la traición de algunos de los procuradores a sus ciudades, votando a favor de conceder el servicio reclamado por Carlos.

El bloque más radical, formado por Salamanca y Toledo, no tuvo protagonismo en estas decisiones. Los procuradores de Salamanca no fueron admitidos en las Cortes, aduciéndose un inexistente defecto formal. Los de Toledo, que ya intuían el resultado, ni siquiera intentaron acreditarse.

De regreso a Castilla, los diputados que traicionaron la posición acordada con sus ciudades, sufrieron diferentes suertes. Unos sólo fueron despreciados públicamente, otros extrañados y derruidas sus casas y algunos, como en el caso de Segovia, terminaron directamente linchados. Un mes después, en julio de 1520, la ciudad del acueducto sería sitiada por las tropas imperiales. El socorro efectuado desde Toledo, Madrid y Salamanca, obligó a los realistas a levantar el sitio, e intentar hacerse con la artillería del reino depositada en Medina del Campo. Los medinenses enterados del propósito de los imperiales, de usar la artillería para arrasar Segovia, bloquearon el acceso a su ciudad y en represalia, el ejército de imperial incendio la villa.

Dichos sucesos, demuestran a la perfección que el común había tomado las riendas de la confrontación con el emperador. La guerra estaba servida. Las milicias aportadas por las ciudades conformaron un ejército cuya dirección militar recayó en Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado.

El bando comunero integrado por clérigos, pecheros, artesanos, comerciantes, letrados y universitarios se articuló en torno a la Santa Junta de Ávila. Ésta elaboró la Ley Perpetua de Ávila, una suerte de constitución política castellana. Los espías de Adriano de Utrecht, no daban crédito, le remitían informes escandalizados, señalando que los procuradores comuneros exigían “reformar la justicia que estaba perdida y redimir la república, que está tiranizada”. Pocas semanas después la Santa Junta, en una convocatoria de Cortes de las ciudades comuneras se proclamó en Tordesillas, el gobierno legítimo de Castilla.

El resto de la historia ya es conocida. Castilla perdió aquella guerra. Muchos historiadores consideran esta derrota, el origen del declive que arrastrarían los campos y ciudades de nuestra tierra durante los siguientes siglos. Las ciudades castellanas fueron obligadas a pagar indemnizaciones durante decenas de años, pero la aventura imperial del primero de los Austrias, produciría una debacle económica y social de doscientos años. Las sucesivas Cortes quedaron convertidas en una ceremonia palaciega cuyo trámite principal era sufragar las necesidades económicas del rey a costa de la hacienda castellana.

Las formulaciones políticas de los comuneros, con una articulación social horizontal en busca del bien de todos, su ejemplo organizativo, la mutua solidaridad entre ciudades hermanas, y su lucha por mantener a Castilla al margen de las embrollos dinásticos de sus reyes, no cayeron, no obstante en terreno baldío, y terminaron por ser una referencia internacional en multitud de procesos políticos.

En los siglos posteriores, la rebelión comunera, sería examinada por diferentes teóricos del pensamiento político, incluido Karl Marx. Inspiraría a los liberales y federalistas españoles en el s XIX y a los republicanos de todas las tendencias y a los antifascistas, en el S.XX.

En el plano internacional, la rebelión comunera, en su vertiente política y organizativa, influyó en los procesos de independencia de los territorios americanos desde Estados Unidos a Argentina. El 25 de mayo de 1787 en los debates celebrados en Philadelphia se invocó a la Ley Perpetua de Ávila, como documento inspirador de la carta política de los Estados Unidos de América. Hoy, sigue siendo objeto de estudio e interés entre numerosos historiadores, principalmente del norte de Europa.

Por: Asociación Foro Castellano 23 de Abril (Salamanca)


Noticias relacionadas

Deja un comentario

Botón volver arriba