La Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Dependencia (Asede) manifiesta su profunda preocupación por la interpretación que, desde algunas administraciones y órganos de control, se hace respecto a los criterios de valoración de los concursos públicos del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), especialmente a raíz de las conclusiones extraídas del reciente informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
El documento, publicado en septiembre de 2024 y que fiscaliza los contratos adjudicados por diversas diputaciones provinciales en 2023, alerta sobre una supuesta falta de objetividad en la aplicación de los criterios técnicos o de calidad, cuestionando incluso la conveniencia de incluirlos en los pliegos. A la vez, subraya que algunos concursos se resuelven únicamente aplicando fórmulas matemáticas basadas en el precio más bajo, eliminando los juicios de valor.
Frente a esta visión reduccionista del proceso de contratación, Asede plantea una reflexión de fondo: ¿se quiere un SAD que simplemente cumpla con los mínimos legales o uno que realmente mejore la vida de las personas?
El SAD no puede seguir concibiéndose como un conjunto de tareas estandarizadas y mínimas. Es una herramienta transformadora que permite a las personas vivir en su entorno con apoyo, dignidad y autonomía. El uso de criterios técnicos en los procesos de contratación no solo es legal, sino imprescindible para garantizar un servicio público de calidad.
Un servicio esencia, con y para las personas, no puede medirse solo en euros
El SAD es una prestación pública que permite que decenas de miles de personas mayores, dependientes o con necesidades específicas sigan viviendo en su hogar con dignidad, autonomía y seguridad. Su valor no se limita a las horas de atención ni al cumplimiento de funciones básicas como la higiene o el mantenimiento del hogar. Va mucho más allá. Supone una red de apoyo humano, social y emocional que lucha contra la soledad no deseada y fomenta la inclusión y la participación comunitaria.
Reducir la adjudicación de este servicio al precio más bajo es, en la práctica, convertir la calidad en un lujo prescindible. Y eso es inaceptable.
Renunciar a los proyectos técnicos es renunciar al conocimiento y a la innovación
El informe del Consejo de Cuentas señala que, si el servicio que se presta es el mismo para todos, no tendría sentido otorgar mayor puntuación a una memoria técnica o proyecto, al considerar que no hay margen para aportar mejoras significativas. Este planteamiento parte, sin embargo, de una premisa errónea: que todas las empresas licitadoras son iguales, que tienen las mismas metodologías, los mismos recursos humanos y técnicos, y que ofrecen el mismo modelo de atención. Y no es así.
Valorar técnicamente las propuestas es valorar la capacidad, experiencia, innovación y compromiso de las empresas que prestan el SAD. Es dar espacio al conocimiento acumulado, a las buenas prácticas, a la tecnología aplicada al cuidado y a los modelos de atención centrados en la persona. Es apostar por un servicio que evoluciona, que se adapta a los nuevos retos demográficos y que se construye en alianza con las administraciones desde una lógica de colaboración público-privada.
Los datos lo demuestran. donde no hay calidad, manda el precio
Según sus análisis, basados en 1.736 licitaciones de SAD publicadas en los últimos cinco años a nivel nacional, cuando no se valora el proyecto técnico, el 99,57% del presupuesto termina adjudicándose al licitador más barato.
Es decir, en ausencia de criterios cualitativos diferenciadores, la competencia se reduce al precio y eso, inevitablemente, conduce a una pérdida de calidad. Esto no es una opinión. Es una realidad constatable que debería preocupar a todos.
La ley es clara: debe primar la mejor relación calidad-precio
La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) obliga a aplicar una pluralidad de criterios, siendo la calidad un factor que debe representar al menos el 51% de la puntuación total. No exige que estos criterios sean únicamente objetivos o matemáticos. Permite, y de hecho fomenta, la evaluación mediante juicios de valor, siempre que se realicen con transparencia, justificación y rigor técnico.
Además, la ley reconoce como criterios cualitativos válidos aspectos como, la cualificación y experiencia del personal, las características técnicas y sociales del servicio, la innovación tecnológica o el impacto en la inclusión social y la sostenibilidad.
Apostar por la calidad es también apostar por las personas trabajadoras
No se puede olvidar que detrás del SAD hay más de 10.000 profesionales en Castilla y León, en su mayoría mujeres, que cada día cuidan, acompañan y sostienen a más de 40.000 personas usuarias. Valorar adecuadamente los proyectos técnicos también significa incentivar condiciones laborales más dignas, políticas de formación continua, medidas de conciliación y estabilidad en el empleo. Elementos que no se pueden incluir ni valorar únicamente con cifras.
Un llamamiento al sentido común y al compromiso institucional
Desde Asade apelan a todas las administraciones públicas para que hagan una lectura integral de la normativa y de la responsabilidad que implica gestionar servicios esenciales como el SAD. Piden que no cedan a la tentación del cortoplacismo presupuestario ni al simplismo tecnocrático que reduce la licitación pública a una subasta.
Quieren recordar que el objetivo del SAD no es solo prestar un servicio, sino mejorar vidas. Y eso exige medir no solo el coste, sino el valor.
