Demasiado rápida y enérgicamente el presidente de la patronal española Antonio Garamendi ha replicado a una ministra por pedir más mano dura con las empresas que ofrezcan mordidas a los políticos. Garamendi se rasga las vestiduras y argumenta que es el Estado el que contrata y el que tiene el dinero, y no son las empresas las que corrompen a los políticos, sino al contrario.
Pero eso de que no hay corruptos sin corruptores no solo lo dice la ministra, también lo dice el Código Penal cuando en su título XIX tipifica el delito de cohecho y ve idéntica responsabilidad en el funcionario o político y el particular que juegan sucio para lucrarse ilegalmente en perjuicio de la hacienda pública. Por ello les impone las mismas penas de prisión y de multa. Dos no se pelean si uno no quiere, y la corrupción, como el amor, es cosa de dos.
El código Penal y otras normas ya prevén sanciones varias a las empresas corruptoras, pero se ve que los tribunales no pueden o no quieren ir muy allá en este punto y la Administración solo puede sancionar a las empresas si hay condena previa, cosa que no ocurre a menudo. Y las penas deberían ser mayores si hay reincidencia, como es el caso. Se recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya en 2022 sancionó a seis grandes constructoras (Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr) por haber hecho acuerdos de oligopolio durante veinticinco años ante licitaciones públicas. Hoy algunas de ellas, y singularmente la primera, siguen en el ojo de la trama. En cambio, antes de la condena, con meros informes de la UCO, ya ha habido sanciones para los políticos. (Hablamos del caso Cerdán/Koldo/Ábalos, no de otros anteriores.)
Y hay algo que suelta cierto olor a podrido en este asunto. No se ve que las empresas se querellen cuando sospechan que otra está recibiendo un trato de favor en una licitación pública (algo a veces visible en el propio pliego de condiciones). A lo mejor tiene que ver con ese carácter oligopolista de sectores clave de la economía española: banca, energías, constructoras, automóviles… Las empresas aceptarían eso como práctica normal: “hoy por ti…”. Una forma de acuerdo tácito que recuerda el dicho de Sancho Panza: “es tan buena la justicia, que es necesaria que se use aun entre los mismos ladrones”. El cínico Mandeville lo enunció más breve: “vicios privados, públicas virtudes”.
Sorprendentemente, o no tanto, algunos economistas ‘liberales’ incluso justifican ese tipo de prácticas. Por ejemplo, Philippe Simonnot, que en sus 39 leçons d’économie contemporaine habla de “la utilidad de la corrupción”. Su argumento es tan sencillo como moralmente burdo: cuando una empresa la utiliza para obtener ventajas sobre sus competidores (p.e., untando a políticos o funcionarios) se hace necesario que las demás empresas del sector hagan lo mismo si no quieren perder posiciones. Lo que se pierde por un lado, se gana en rapidez en la tramitación: el unte engrasa la marcha de los expedientes, que de otro modo quedarían polvorientos sobre la mesa. Las obras se terminan antes para beneficio general, los políticos y funcionarios están más motivados… Todos contentos.
Sin embargo, doy la razón a Garamendi cuando dice que el sistema empresarial no es corrupto como tal, en su conjunto, lo que tampoco se puede decir de la clase política en general, aunque sólo sea por respeto a esos miles de alcaldes y concejales que trabajan por sus vecinos, muchas veces sin medios bastantes ni retribución personal. Algo parecido habría que decir de muchos parlamentarios, altos cargos y ministros, aunque estos sí reciben sueldos. Creo, o quiero creer, que la corrupción en España es algo persistente y de largo arraigo, pero no una lacra general. Los empresarios y los políticos no son mucho más o menos censurables que el conjunto de los/las ciudadanos/as.
4 comentarios en «La utilidad de la corrupción para el bienestar general»
los jueces conservadores, los medios de comunicacion conservadores son toda una TRAMA de ********** en manos del PP,,,podriamos sumar otras instituciones publicas y privadas,,estos *********** se unen para llevarse los dineros de los españoles..y logicamente atacan al gobierno de la nacion,,eso pasa en todos los Paises,los poderes facticos contra el pueblo<..
las derechas son la delincuencia total en todo el mundo,un 5% de la poblacion,los poderes facticos, intentando destruir ,Robar y empobrecer al 95% de la poblacion,,en beneficio propio.
Enhorabuena, Luis. Me encanta este artículo. He de decir que estoy disfrutando un montón con las aventuras de Koldo y Cía y estoy esperando a que los de la UCO vayan a las oficinas de las constructoras de una vez. Ya me hubiera gustado que la prensa hubiera puesto más la lupa sobre esa sentencia del 2022 contra el oligopolio en la adjudicación de obras públicas (pero no había audios, ni aparecían políticos esperpénticos… y afectaba a los que mueven el capital). Estos días estoy oyendo a tertulianos, algunos muy jóvenes, rasgarse las vestiduras porque se pone en entredicho el buen nombre de empresas que crean miles de puestos de trabajo. Y utilizan ese argumento. Así estamos como estamos.
Paradojitas. Los informes de la UCO los leen algunos antes que el juez instructor. Esos informes tienen entidad acusatoria sin esperar a la sentencia. La mordida la pagan los corruptores y de ellos depende que se descubra el pastel. Tras este trampantojo se oculta la caldera magmática del fraude de los hidrocarburos, años y cientos de millones después seguimos mirando al dedo que señala la luna. Un tribunal ya dijo que M. Rajoy no tenía por qué ser M. Rajoy: Las grabaciones de Koldo podrían ser producto de la I.A. (Idiotez Artificial) y no tener valor probatorio alguno.