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Opinión

La educación no es un negocio, es un derecho

El pasado jueves participé en la manifestación contra la reforma en el sistema educativo Universitario, la conocida como el “3+2”.

Desde que llevo en esta ciudad he intentado participar en todas las movilizaciones de apoyo a la Universidad Publica. Si hago memoria, no me cuesta mucho recordar las primeras “manis“ contra el informe Bricall. El primer documento que proponía integrar la gestión privada a la vida diaria de la Universidad Pública . Todavía recuerdo allá por el año 2000, a unos cuantos estudiantes a la puerta del rectorado, reclamábamos una universidad gratuita, libre de tasas y para todas y todos.

Posteriormente llegó la “batalla” contra la Ley orgánica de Universidades (LOU), en ese momento yo era la portavoz del Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA), que es la asociación de estudiantes de izquierdas con más repercusión en esta ciudad.

Sin duda, las movilizaciones más importantes en mi vida política han sido las que organizamos los y las estudiantes contra la LOU.

Las calles de Salamanca se llenaron con un lema, Universidad Pública y de Calidad, manifestaciones convocadas por toda la comunidad Universitaria, profes, alumnado, personal de administración y servicios…

Recuerdomo vilizaciones masivas, con consignas como Pilar del Castillo Ministra del Caudillo o que Gestcartera nos pague la Carrera. Fue tal intensidad con las que vivimos aquel momento que lo recuerdo como si fuera hoy. Huelgas de profes, de alumnado, encierros en la facultad, “manis” un día sí otro también, incluso participé en un debate sobre esta Ley en una comisión del Senado.

Desde aquel 7 de noviembre de 2001, en el que 14.000 personas salimos a las calles salmantinas, he participado en la Plataforma por la Escuela Pública, he salido a la calle contra el Plan Bolonia (en mi época de CEA ya denunciamos el plan Bolonia, como la mercantilización de la Universidad en estado puro), he dado charlas sobre el movimiento estudiantil… En resumen, he intentado participar en las diferentes movilizaciones que se han convocado para defender la Educación Pública.

Esta semana volví de nuevo a manifestarme a favor de la Universidad pública porque el 30 de enero el Ministro Wert aprobó el famoso decreto “3+2” en el Consejo de Ministros. El cual entrará en vigor, según sus planes, el próximo mes de septiembre.

[pull_quote_left]Será tan sólo una minoría privilegiada quien pueda costearse los dos años de máster. Las universidades privadas ya se están frotando las manos con esta nueva propuesta. Si a día de hoy el 38% de los postgrados se imparten en universidades privadas, con estedecreto, éstas verán beneficiadas sus cuentas en detrimento de una Universidad Pública que será devaluada poco a poco.[/pull_quote_left]Con esta reforma plantea reducir a tres años los estudios para obtener los títulos de grado, que ahora son cuatro años o 240 créditos lectivos. La reducción de los grados a 180 créditos o tres cursos, se complementará con la ampliación a dos años de los másteres de pago (actualmente un año) para finalizar los estudios universitarios. Esto provocará una devaluación de los títulos de grado, que se convertirán en papel mojado en el mercado laboral, lo que ya viene ocurriendo en la actualidad y que obliga a todo el alumnado a tener un master para poder acceder a un empleo, en aquellas condiciones…

Después de unos recortes presupuestarios y un incremento de las tasas de matrículas que han expulsado de las universidades públicas a 45.000 estudiantes en los dos últimos años, la nueva reforma se presenta como una barrera económica mayor para los hijos y las hijas de los y las trabajadoras.

A partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, en el curso 2015-2016, el alumnado tendrá que afrontar el pago de dos años de máster para poder obtener un título universitario que sea reconocido en el mercado laboral. Así está claro que será tan sólo una minoría privilegiada quien pueda costearse los dos años de máster. Las universidades privadas ya se están frotando las manos con esta nueva propuesta. Si a día de hoy el 38% de los postgrados se imparten en universidades privadas, con estedecreto, éstas verán beneficiadas sus cuentas en detrimento de una Universidad Pública que será devaluada poco a poco.

Este Gobierno ha dejado claro que no defiende la educación como un derecho y todas las reformas y decretos que están aprobando van en la línea de convertirla en un negocio.

El jueves, 15 años después de mi primera “mani”, estaba en el campus gritando Educación Pública y de calidad. Las cosas no han cambiado mucho, jóvenes con megáfono, pancartas, algunos profes apoyando y sobre todo mucha ilusión y un buen discurso por parte del alumnado.

[pull_quote_left]La educación pública y sus reformas no pueden ser los “caprichos” de los gobiernos de turno[/pull_quote_left]Observo que la que más ha cambiado soy yo, que ahora también dedico parte de mi tiempo a dar clase en la Universidad como profesora asociada y en el ejercicio de esta responsabilidad, esta tarde empezaré mis clases preguntando a mi alumnado que qué opinan sobre los recortes, reformas y demás vaivenes que se traen los diferentes gobiernos con la educación pública.

La educación pública y sus reformas no pueden ser los “caprichos” de los gobiernos de turno. La educación pública no es un negocio, no se toca, no se vende, es un derecho y es para todas y todos. La pregunta que me hago es ¿cuándo la ciudadanía dejaremos de defender nuestros derechos y empezaremos a disfrutarlos?

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