La Teniente Fiscal del Tribunal Supremo ha emitido un informe favorable a la concesión de la medida de gracia para el ex fiscal general del Estado. El escrito argumenta que la condena por revelación de secretos ha tenido una «incidencia desorbitada» en su reputación y que el indulto permitiría acortar los plazos para cancelar sus antecedentes penales.
La Fiscalía justifica su apoyo al indulto basándose en que Álvaro García Ortiz no buscó un «beneficio personal patrimonial» ni actuó por motivos de lucro.
Según el informe, su intención al filtrar el correo electrónico sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso) fue «preservar el buen nombre de la institución» frente a ataques mediáticos.
El Ministerio Público considera que la pena de inhabilitación es ahora desproporcionada, dado que García Ortiz ya presentó su dimisión tras el fallo, ha asumido su responsabilidad en todo momento y ya ha abonado la multa económica y la indemnización civil de 10.000 euros.
El alcance del indulto
La propuesta especifica que el indulto debe ser «parcial». Dado que la condena de dos años de inhabilitación se extinguiría formalmente en diciembre de 2027, la Fiscalía propone que se perdone el tiempo que reste de la pena en el momento en que el Gobierno tome una decisión.
Esta medida no borraría la condena, pero sí facilitaría al ex fiscal retomar su actividad profesional y su vida civil al reducir los plazos legales para limpiar su historial de antecedentes penales.
Paralelamente al proceso del indulto, García Ortiz mantiene una pugna legal por los costes del juicio. Aunque el Tribunal Supremo ya redujo la factura inicial de casi 80.000 euros a la mitad, el ex fiscal ha vuelto a recurrir por considerarla «indebida». Actualmente, la cifra se sitúa en 39.009 euros, una cantidad que la acusación particular de González Amador exige que se abone íntegramente.
Tras este informe de la Fiscalía, la pelota queda ahora en el tejado del Gobierno, que será quien deba decidir definitivamente si concede o no esta medida de gracia a quien fuera la máxima autoridad del Ministerio Público.
