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Balón de oxígeno para el Centro del Cáncer de Salamanca

Recibirá dinero de la Junta para pagar sus gastos de funcionamiento a partir de 2020 hasta cubrirlos todos en 2023

El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó este martes una proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se insta a la Junta de Castilla y León a aprobar antes de finalizar el año 2019 un plan de apoyo financiero al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca.

 

El compromiso pasa por la aprobación de un plan en coordinación con los responsables del centro y antes de que finalice 2019 que asegure una financiación autonómica para gastos generales.

La enmienda recoge un incremento de 250.000 euros para el próximo ejercicio y un incremento progresivo hasta llegar al millón de euros en 2023, que es lo que hace varios lustros la Junta se comprometió a aportar al centro para pagar sus gastos de funcionamiento, que ahora afronta con dinero que detrae de la investigación.

Esta subvención será compatible con los recursos económicos que obtenga el centro en convocatorias competitivas. Además, para el desarrollo del plan se desarrollará una gestión participativa entre la Junta de Castilla y León y la dirección del centro que garantice la transparencia de los fondos públicos empleados.

Pablos ha recordado que esta iniciativa -que el PSOE ya ha presentado en otras ocasiones en el Parlamento- pretende dar cumplimiento al compromiso adquirido por la Junta de Castilla y León en 2011, cuando su actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, era candidato a la alcaldía de Salamanca, lugar donde se ubica el centro.

Después de años de incumplimientos, el PSOE insistió hoy en la necesidad de dotar de financiación a un centro que es puntero en la investigación mundial.

En busca del acuerdo, lo que finalmente se aprobó fue un texto de consenso donde se pide a la Junta, en aras del buen funcionamiento del centro, a aprobar en coordinación con los responsables del mismo, y antes de finalizar 2019, un plan de apoyo financiero que le garantice una financiación autonómica para gastos generales.



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